Reforma Judicial provoca masivas protestas en Israel

Se estima que más de 230.000 manifestantes salieron a las calles, de ellos 150.000 en la capital israelí, Tel Aviv

Agustin Leon27/05/2023

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Miles de ciudadanos israelíes regresaron este sábado a las calles para rechazar la reforma judicial que impulsan el primer ministro Benjamin Netanyahu y su ministro de Justicia Yared Levin.

De acuerdo con reportes de prensa, más de 230.000 manifestantes salieron a las calles, en especial en Tel Aviv (capital), donde se congregaron más de 150.000 personas en las inmediaciones de los edificios gubernamentales, en la avenida Kaplan.

También se registraron manifestaciones en las ciudades de Jerusalén, Haifa y Beer Sheva. Se estima que una cifra superior a los 85.000 ciudadanos protestaron en el resto del territorio israelí.

La semana pasada cientos de miles de personas llenaron espacios públicos y cuestionaron el manejo de los presupuestos del Estado, aprobados días atrás y que otorgan significativos beneficios a la población judía ultraortodoxa.

Las protestas contra la reforma judicial comenzaron en febrero pasado. Tras varios fines de semana de multitudinarias concentraciones, a finales de marzo Neganyahu se vio obligado a anunciar que paralizaría temporalmente la tramitación de la reforma en la Kneset (Parlamento) para tratar de llegar a un consenso con la oposición.

De hecho, en ese momento el presidente israelí, Isaac Herzog, solicitó la suspensión de la reforma “por el bien de la unidad del pueblo de Israel” y que iniciara un diálogo nacional para hallar consensos respecto al proyecto legislativo.

Luego de este cisma, los manifestantes volvieron a las calles por el temor de que Netanyahu intentara promulgar el proyecto de ley valiéndose de subterfugios. Cabe recordar que el premier enfrenta un proceso legal por el presunto delito de corrupción.

Anunciada en enero pasado, la reforma judicial busca otorgar más poder al Ejecutivo y menos al Poder Judicial, lo que según los manifestantes supondría mermar su independencia y limitaría la capacidad fiscalizadora de organismos como el Tribunal Supremo.