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Recuerde los casos de corrupción más sonados en Ecuador

En el fragor  de la campaña electoral sectores de oposición han amplificado el discurso de la corrupción para denostar al actual gobierno del presidente Rafael Correa y de paso afectar al binomio oficialista;  sin embargo algunas de esas voces representan justamente a los grupos políticos de la derecha que protagonizaron los más bullados casos de corrupción desde el retorno a la democracia en 1978 tras una dictadura militar.

Desde esa época, prácticamente no hay gobierno ajeno a latrocinios, muchos de los cuales quedaron en la impunidad por el silencio cómplice de una justicia impuesta a la medida de los intereses de los políticos que ostentaron el poder.

Para poner en contexto los hechos, esta Agencia pasa revista a algunos de esos casos que merecieron en algunos casos grandes titulares en la prensa pero que se fueron diluyendo de las páginas y noticieros a medida que en las cortes se fueron esfumando las indagaciones.

En 1978, en plena campaña electoral para definir al presidente en una segunda vuelta electoral, el entonces candidato de la derecha Sixto Durán-Ballén denunció que era víctima de fraude orquestado desde la candidatura de Jaime Roldós, quien representaba al partido Concentración de Fuerzas Populares (CFP) y otras fuerzas progresistas de la época.

El resultado fue que Roldós obtuvo una aplastante victoria electoral pero la derecha desde el Parlamento montó el escenario para dificultar la gobernabilidad. Ya figuraba en ese entonces como legislador el socialcristiano León Febres-Cordero, quien a la postre se convertiría en presidente de la República.

La trágica muerte en un accidente aviatorio del mandatario Roldós el 24 de mayo de 1981 fue el inicio de una época turbulenta para la nación suramericana, pues desde entonces no han quedado claras las circunstancias en que se produjo el percance, si fue un accidente o un magnicidio.

Tras la muerte del popular mandatario, asume el vicepresidente Osvaldo Hurtado, cuyo gobierno se caracteriza por políticas de corte neoliberal. La conocida ‘Sucretización’ de las deudas de poderosos empresarios que transformó de dólares a sucres (la moneda oficial de la época) le costó al Estado el equivalente a unos 4.400 millones de dólares.

En ese gobierno también se avaló al Municipio de Guayaquil para la compra de una procesadora de basura, maquinaria que nunca operó y fue adquirida con un enorme sobreprecio.

En ese periodo los guayaquileños también fueron perjudicados con la construcción del terminal terrestre de la urbe, una obra que fue contratada a dedo por la entonces estatal Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) con una empresa japonesa, pero esta a su vez acreditó para los trabajos a consorcios nacionales, entre los cuales figuraban el director de un reconocido diario nacional.

Ni bien fue entregada la obra, las losas y pilares del edificio se comenzaron a desmoronar, por lo que el edificio quedó subutilizado a cuenta y riesgo de los miles de usuarios que usaban esa terminal de pasajeros.

El Estado resultó perjudicado en 100 millones de dólares, pues le tocó reparar los daños. Ninguno de los involucrados en el caso fue sancionado, según registros periodísticos de la época.

En 1984, la derecha socialcristiana toma el poder con Febres-Cordero en la presidencia. Durante este régimen se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, cuyos implicados recientemente han recibido el castigo de la justicia tras las investigaciones de la Comisión de la Verdad creada para investigar los abusos en ese periodo y otros gobiernos.

El gobierno militariza la Corte Suprema de Justicia y desde entonces se impone un modelo de persecución a través de la justicia para los detractores del régimen neoliberal.

Al tiempo que las corporaciones internacionales gozaban de privilegios en la explotación del crudo ecuatoriano, se comenzaba a radicalizar la desatención de servicios básicos como las telecomunicaciones, salud, educación.

En Guayaquil se construye la reconocida vía Perimetral, pero sectores políticos denuncian un sobreprecio del 60% y acceso a información privilegiada del trazado de la autopista para beneficiar a proyectos inmobiliarios. El entonces gobernador y actual alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, es señalado en las indagaciones pero él niega algún tipo de responsabilidad en el caso.

El ministro de Industrias, Xavier Neira, fue acusado de peculado en el recordado caso Ecuahospital, empresa que fue contratada para supuestamente ofrecer servicios hospitalarios. Este caso terminó como otros, el acusado huyó a Miami mientras prescribía el proceso.

De igual manera, en este gobierno se inició una investigación por el pago de 150.000 dólares para capacitación en la lucha antisubversiva al ex agente israelita Ran Gazit, en un hecho que involucró a un yerno del presidente de la República.

A esos escándalos se suma la violencia en el entonces Congreso Nacional. Los golpes, insultos, las  agresiones verbales y físicas estaban a la orden del día. El entonces diputado Alberto Dahik y otros legisladores recibieron golpes de ceniceros en la cabeza, mientras legisladores se paseaban por el recinto legislativo con armas de fuego en el cinto. El grito, la amenaza y la componenda se imponía al debate con argumentos.

El entonces legislador Jamil Mahuad resultó herido en uno de los tantos episodios violentos en el llamado Congreso Nacional. Foto: El Telégrafo

Ya en el gobierno del socialdemócrata, Rodrigo Boja, la denominada  ‘pugna de poderes’ dominaba el escenario político ecuatoriano. El 31 de agosto de 1990, el entonces legislador Jaime Nebot protagoniza uno de los actos más bochornosos que se recuerde: en medio de un debate con un legislador socialista, el socialcristiano quiso resolver el tema a golpes. La agresión física fue impedida por la escolta legislativa en medio de insultos descalificadores e impublicables de Nebot.

En esa época el municipio porteño era administrado por el roldosismo. La prensa daba cuenta de la desastrosa alcaldía de Elsa Bucaram, hermana del expresidente Abdalá Bucaram.

La ciudad se ahogaba en medio de la basura y escándalos que culminaron con uno de los episodios más trágicos de la historia contemporánea: la entrega de juguetes en la Navidad de 1991 que eran lanzados desde el balcón del cabildo a una multitud que se había concentrado en los bajos del edificio. Más de 20 personas resultaron muertas y otras decenas golpeadas y con síntomas de asfixia por la irresponsable acción.

La ciudadanía fastidiada por el populismo cae engañada por las promesas de cambio y entrega el poder a la derecha representada por el presidente Sixto Durán-Ballén. En ese gobierno, de la mano del vicepresidente, el conservador Alberto Dahik, se aplican disciplinadamente las recetas neoliberales impartidas desde del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Se dejan sentadas las bases legales para el desenfreno de los banqueros y las privatizaciones de los principales servicios públicos, a los que habían dejado deteriorar para entregárselos a precios cómodos a la empresa privada.

El caso ‘Flores y Miel’, un crédito vinculado a una pariente del mandatario, y el uso indiscriminado de gastos reservados por parte de Dahik marcaron a este régimen. El segundo mandatario huyó del país y se radicó en Costa Rica para evitar la prisión.

La población, víctima de las recetas neoliberales, se deja convencer por el discurso populista de Abdalá Bucaram y en 1996 resulta electo como presidente venciendo en balotaje a Nebot.

Los ecuatorianos en apenas seis meses se hastiaron de las feroces políticas de incremento de precios de combustibles y de las tarifas de servicios básicos y de los escándalos de corrupción que copaban las primeras planas de la prensa. En febrero de 1997 la presión popular fue aprovechada por adversarios políticos desde el Congreso para defenestrar al mandatario, quien se autocalifica como el ‘loco que ama’.

La oposición puso en la presidencia como mandatario interino al entonces legislador Fabián Alarcón, cuya administración no estuvo ajena a los actos de corrupción de sus colaboradores. En esa época en las calles se decía que si el gobierno de Bucaram fue corrupto, el de Alarcón lo superó con creces.

El pago irregular de 28 millones de dólares a una empresa constructora, el reparto del país evidenciado en una conversación telefónica entre los líderes socialcristianos y César Verduga, entonces ministro de Gobierno del Alarconato, así como las denuncias de negociado en la construcción de carreteras, el caso de coimas en una garita de control de la Comisión de Tránsito, la apropiación de donaciones para afectados del fenómeno de El Niño de 1997 fueron solo algunos de los casos más sonados del paso de Alarcón por el poder.

Asqueado de corrupción, el pueblo depositó su confianza para cambiar al país al demócrata popular Jamil Mahuad, quien tenía como carta de presentación sus estudios en la prestigiosa Universidad de Harvard.

Apenas asume el poder nombra como cercanos colaboradores a banqueros Guillermo Lasso, del Banco de Guayaquil es designado Superministro de Economía; Álvaro Guerrero Ferber, de La Previsora preside el Consejo de Modernización; Fernando Guerrero Ferber está al frente del Banco Central; Medardo Cevallos Balda, del Bancomex, es nombrado embajador en México; Ana Lucía Armijos, de la Asociación de Bancos Privados es ministra de Gobierno y luego de Finanzas.

Nuevamente los electores habían sido engañados. Antes de ser defenestrado al cabo de dos años de mandato, Mahuad y sus aliados socialcristianos y los banqueros avalaron en el Congreso las reformas legales base para el salvataje de los bancos privados que habían quebrado por el fraudulento manejo de sus propietarios, quienes tuvieron desde la época de Durán-Ballén las leyes a su favor para otorgarse créditos vinculados.

Enriquecimiento tras el feriado bancario

El feriado bancario y la confiscación de los depósitos de millones de ecuatorianos fue el epílogo del gobierno de Mahuad, quien huyó a Estados Unidos y dejó al país inmerso en un drama social dominado por una ola se suicidios y la migración de 2 millones de ciudadanos en busca de trabajo.

Solo los banqueros Fernando Aspiazu, del banco progreso; Alejandro Peñafiel, del banco de  Préstamos; y Nicolás Landes, del Popular, estuvieron presos y otros como los hermanos Ortega e Isaías salieron del país y actualmente se encuentran prófugos en Estados Unidos.

En medio de la crisis social, las élites socialcristianas y empresariales hacen una marcha en Guayaquil no para apoyar a las familias que perdieron sus ahorros sino más bien para apoyar al dueño del banco del Progreso, disfrazado de un reclamo antiregionalista.

Y desde el poder más allá de hacer justicia con las víctimas del feriado bancario, se creó el marco legal para que los banqueros que sobrevivieron la crisis puedan comprar los certificados de depósitos reprogramados (papeles que se entregaron a cambio del dinero congelado) a un valor menor pero sí garantizaron que la estatal Corporación Financiera Nacional compre esos mismos papeles al 100% del valor.

A los ecuatorianos se les confiscaron sus depósitos en el feriado bancario del presidente Jamil Mahuad. Foto: El Telégrafo 

Con este mecanismo se quebró a la banca pública y se enriqueció a banqueros que salieron más prósperos que nunca luego de haber causado la crisis de 1999, según denunció el entonces superintendente de Bancos, Juan Falconí.

En los últimos días un trabajo de investigación periodística del diario argentino Página 12 reveló que una empresa creada en un paraíso fiscal de propiedad del exministro de Mahuad y ahora candidato a la presidencia de la República ganó 30 millones de dólares tras el feriado bancario con la negociación de los CDR.

De igual manera el trabajo periodístico da cuenta de la creación de 49 empresas off shore en paraísos fiscales a nombre de familiares y colaboradores para ocultar su patrimonio, lo que podría derivar en un presunto delitos de evasión de impuestos.

En el gobierno neoliberal de Mahuad la corrupción estaba institucionalizada, se mantuvo en el desmantelamiento de las instituciones públicas. La atención en salud, educación eran nulas y el Estado era perjudicado con las negociaciones de la deuda externa y contratos petroleros. Se intentó privatizar el correo por 15.000 dólares al mes.

El 15 enero 2003 asume el coronel Lucio Gutiérrez con un discurso de izquierda y lucha contra la corrupción. Sin embargo, el oficial, uno de los que lideró la revuelta cívico-militar que sacó del poder a Mahuad, pronto abandonó sus promesas de campaña y se declaró el mejor aliado del gobierno estadounidense de George W. Bush.

El gobierno del coronel se alió en un primer momento con los socialcristianos y Pachakutik. Las denuncias de nepotismo, de presuntos actos de corrupción de colaboradores en aduanas y otras instituciones marcaron a su gobierno.

No obstante, uno de los hechos que ‘colmó la paciencia’ de los ecuatorianos fue la intervención en el poder judicial y nombró, con una mayoría legislativa a su favor, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la que se denominó como la “Pichicorte” en alusión al presidente de esa tribunal Guillermo Castro, un confeso amigo del expresidente Abdalá Bucaram.

Con la “Pichicorte” instalada se allanó el camino para el retorno del defenestrado mandatario; sin embargo la revuelta que ocasionó ese acto precipitó la caída del coronel y la nueva fuga de Bucaram hacia Panamá, donde ha permanecido los últimos 20 años para evadir la justicia que lo condenó por peculado en su mandato.

La llamada ‘partidocracia’ nuevamente hizo lo suyo. La legisladora Cynthia Viteri posesionó en el poder al vicepresidente Alfredo Palacio.

Hoy, 39 años después de cara a nuevo proceso electoral, protagonistas de los descritos casos de corrupción apelan a la “desmemoria’ y acusan al gobierno de Rafael Correa de corrupción especialmente en la petrolera estatal Petroecuador, estrategia que es amplificada en los principales medios de comunicación privados nacionales e internacionales, que no obstante se abstienen de hacer un ejercicio de contextualizar el tema de la corrupción en el país que va más allá de un gobierno.

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