Rajoy obligado a declarar en persona por caso de corrupción
La Audiencia Nacional española cita al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que declare como testigo en el juicio del caso de corrupción Gürtel.
El presidente del Gobierno deberá comparecer físicamente en la sede judicial el próximo 26 de julio, a pesar de que pidió hacer su declaración mediante videoconferencia. Su asistencia será la primera ocasión en la historia de la democracia española en la que un presidente del Gobierno comparezca en un juicio por corrupción.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha decidido este martes rechazar la petición de Rajoy de prestar su testimonio por videoconferencia, dado que no comparece como presidente del Gobierno, sino como ciudadano español.
La Presidencia del Gobierno había argumentado en un escrito dirigido a la Audiencia Nacional que la declaración por videoconferencia "es la más adecuada dado que la presencia física de Rajoy en el juzgado implicaría un despliegue importante de recursos públicos" por "razones de seguridad".
El sector mayoritario del tribunal ha considerado no "consistentes" las razones esgrimidas por Rajoy, ya que cree que "no habrá un gran despliegue dado que la Audiencia Nacional está solo a 18 kilómetros de La Moncloa", su lugar de residencia.
En su declaración como testigo, el presidente del Gobierno español deberá responder cuestiones relativas a la primera etapa del caso Gürtel, que investiga la corrupción en torno al Partido Popular (PP) entre 1999 y 2005.
En esa época Rajoy ocupó puestos de gran importancia a nivel orgánico, ya que fue secretario general del partido entre 2003 y 2004, año en el que dejó el cargo para convertirse en presidente de la formación política conservadora, posición que mantiene hasta el día de hoy.
El caso Gürtel saltó a la palestra el 6 de febrero de 2009, cuando el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, instructor en origen de la causa, decretó las primeras detenciones contra miembros del PP. En la causa, se investiga una presunta red de corrupción ligada supuestamente a cargos de la referida formación política, y que operaba fundamentalmente en Madrid (capital) y Valencia (este).
