Procurador colombiano arremete contra acuerdo Gobierno-Farc en materia de justicia y víctimas

El jefe del Ministerio Público cuestionó que el acuerdo deje dudas como quiénes son los actores que podrán beneficiarse de la justicia pactada con las Farc

El Procurador General Alejandro Ordóñez criticó este jueves el acuerdo entre el Gobierno y las Farc en materia de justicia y víctimas, en medio de los diálogos de paz.

Según el Procurador, este acuerdo "no está a favor de las víctimas ni de la justicia, sino a favor de los victimarios y de la impunidad". Afirmó que la guerrilla no se movió un milímetro y que, por el contrario, fue el Gobierno quien "terminó por someterse a sus exigencias".

Ordóñez dijo que las sanciones que se plantearon no son proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos por la guerrilla, pues los "máximos responsables de atrocidades no tendrán un solo día de reclusión".

Dijo que los responsables de las Farc o agentes estatales que hayan cometido delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes, secuestro, tortura, ejecuciones extrajuiciales, desaparición forzada, violencia sexual, reclutamiento de menores, desplazamiento "no cumplirán un solo día de pena de reclusión, serán sancionados con obras, actividades y trabajos, en otras palabras, con trabajo comunitario".

Por esta razón, Ordóñez afirmó que la sanción que se pactó con la guerrilla "es una comedia, una parodia, un truco. Es además un aliciente para la repetición". Dijo que las restricciones de libertad tales como la libertad de residencia y movimiento no son realmente una privación de libertad sino "requisitos mínimos que debe observar el victimario para poder cumplir con el trabajo comunitario que se le imponga".

Además, Ordóñez dice que el acuerdo les da el derecho a los victimarios de escoger el tipo de trabajo comunitario que quieren hacer, lo que llamó una "sanción a la carta".

De otro lado, según el Procurador, la ausencia de penas efectivas en prisión, y la inseguridad jurídica que trae el acuerdo "activará la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI)". Esto porque en el 2013 la fiscal ante la CPI, Fatou Bensouda, dice Ordóñez, aseguró que "una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la forma de participación del acusado, invalidaría la autenticidad del proceso judicial nacional, aun cuando las etapas previas del proceso hayan sido auténticas”.

Así, aseguró que "tarde que temprano quienes creen beneficiarse con la impunidad pactada terminarán desfilando por estrados judiciales. ¡No les quepa la menor duda!".

Para el Procurador el acuerdo también desconoce las condenas previas que se han impuesto a los responsables,  y "legitima el crimen atroz", pues en su opinión, darles a los victimarios -sean del Estado o guerrilleros- el derecho de participar en política es "otra forma de impunidad".

Criticó que el acuerdo "no tiene ni una sola sílaba que obligue de manera clara y expresa a las Farc a entregar su riqueza para reparar a las víctimas", y recordó que según la revista Forbes, las Farc tienen ingresos de 600 millones de dólares al año y es la tercera organización ilegal más rica del mundo. También rechazó que delitos como narcotráfico, minería ilegal y lavado de activos sean considerados como conexos al delito político.

El jefe del Ministerio Público cuestionó que el acuerdo deje dudas como quiénes son los actores que podrán beneficiarse de la justicia pactada con las Farc. Esto porque, asegura, en el texto se hace referencia a que su aplicación cobija a "todos los que participaron directa e indirectamente en el conflicto armado” y más adelante asegura que se refiere a integrantes de las Farc, agentes estatales y “otros actores que hayan participado en el conflicto".

Según Ordóñez no está claro quiénes son esos otros actores, y preguntó si allí están comprendidos los miembros de las Autodefensas, las bandas, los parapolíticos, entre otros. "Sería muy grave que se resuciten aparatos políticos ligados a mafias regionales, al permitirse que condenados por la llamada parapolítica puedan ser objeto de una nueva sanción en el marco de la jurisdicción especial, sanción que no comportaría inhabilidad para participar en política", dijo.