Orden de Abogados de Brasil exige respuesta a los pedidos de juicio político contra Temer

Los integrantes de la OAB consideran que se trata de “un retraso injustificado” por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, quien “incurre a actos de abuso y omisión” al demorar la respuesta a las solicitudes presentadas hace más de tres meses.

 

Según establece la Constitución brasileña el presidente de la Cámara baja es quien debe analizar las propuestas de juicio político y determinar si da o no lugar a las denuncias. En este caso quien debe decidir es Rodrigo Maia -aliado de Temer– quien hoy ocupa el cargo que dejó el año pasado Educardo Cunha -actualmente preso por corrupción-, impulsor del juicio político contra Dilma Rousseff.

 

Uno de los pedidos de impachment contra Temer fue justamente presentado por la OAB en mayo pasado, tras la divulgación del audio de la conversación entre el mandatario y el empresario cárnico Joesley Batista, y la declaración premiada de otros representantes de la mega-empresa JBS.

 

Los representantes de JBS declararon tras un acuerdo de cooperación judicial sobre actos de corrupción que sobornan a Temer desde 2010, además dijeron que mantuvieron esas mismas negociaciones cuando tomó la presidencia, tras la destitución de la mandataria constitucional Dilma Rousseff.

 

Claudio Lamachia, presidente del Consejo Federal de la OAB, explicó que la denuncia contra Temer fue presentada a la Cámara de diputados el 25 de mayo, y cuestionó que desde ese día no tuvieron más novedades del pedido. Según Lamachia, Maia no tomó ninguna medida, ni siquiera analizó la denuncia.

 

Aunque no se estipule un plazo para que se realice tal acto “el no procesamiento de la denuncia por el Excelentísimo Presidente de la Cámara de Diputados representa acto ilegal y de omisión y, al final, revela una grave violación a los preceptos constitucionales”, explicó Lamachia.

 

Para la OAB, al no pronunciarse sobre el tema Maia impide que los pares analicen el tema, ya que se necesita de su autorización para hacerlo.

 

La denuncia de la OAB argumenta en su petición al TSF que “se trata de un juicio preliminar, meramente un juicio de admisibilidad interna, un juicio simple y que no necesita profundización”. En ese sentido resalta que 80 días para ese análisis preliminar “es más que razonable”.

 

Así requieren de forma preliminar que la Corte Suprema establezca un plazo máximo a Rodrigo Maia, para que finalice el análisis de la denuncia.