Oposición brasileña trata de destituir a presidenta Dilma Rousseff
La medida del Supremo Tribunal Federal de Brasil niega la posibilidad de que una petición de juicio por delito fiscal —por supuestos ilícitos cometidos en 2014— ante el órgano legislativo sea aprobada por el pleno del Congreso
Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), máxima instancia del poder judicial de ese país, dictó el martes una medida cautelar que detiene la maniobra política gestada por la oposición desde el seno del Congreso Nacional para impulsar un juicio contra la presidenta Dilma Rousseff, que ha sido denunciado como un intento de ruptura constitucional.
La medida del STF niega la posibilidad de que una petición de juicio por delito fiscal —por supuestos ilícitos cometidos en 2014— ante el órgano legislativo sea aprobada por el pleno del Congreso, en caso de ser rechazada por la presidencia de la Cámara de Diputados, informó la agencia de noticias EFE.
Ante la posibilidad abierta por el presidente de la cámara, Eduardo Cunha, de que el pleno de los diputados pudiera aprobar un pedido de juicio político contra Rousseff en caso de que la presidencia del Congreso lo rechazara, un grupo de legisladores del Partido de los Trabajadores (PT) acudió a la máxima instancia judicial para que se tomaran medidas contra esta maniobra que consideran un intento de golpe de Estado.
El juez Teori Zavascki, uno de los once miembros del Supremo Tribunal, dictó la medida alegando que una acusación y pedido de juicio de esta naturaleza fiscal, con el objetivo de destituir a un jefe de Estado, sólo le compete al presidente de la cámara con apoyo de su departamento jurídico, reseño EFE.
La Constitución brasileña admite un juicio por acusación de delitos fiscales como una de las razones para la destitución de su cargo al presidente de la República, y la solicitud del proceso de juicio consignada por la oposición al presidente del Congreso, está basada en la supuesta omisión de una deuda de más de 27 millones de dólares por el Gobierno en su balance del año 2014.
Esta maniobra se dio luego de que el Tribunal de Cuentas de la Unión, órgano de contraloría del Estado brasileño, reprobara la semana pasada los balances del Gobierno de Rousseff referentes al año 2014, y pidiera al Congreso hacer lo mismo, acción que puede dar pie al proceso de destitución de la Presidenta.
El Tribunal determinó que el Gobierno incurrió en un "delito de responsabilidad fiscal", que la Constitución brasileña contempla como uno de los motivos para abrir un juicio político con miras de destitución de un jefe de Estado.
Eduardo Cunha aún debe analizar la propuesta, y aseguró que la medida cautelar no tendría efecto en la decisión que él pueda tomar como presidente de la cámara de diputados. Sin embargo informó que el departamento jurídico de la Cámara estudiará la medida dictada por el juez Zavascki.
El diputado Cunha figura en la lista de 50 políticos sospechosos de integrar una red de corrupción que operó en la estatal petrolera de Brasil (Petrobras), sin embargo su cargo le da la potestad de decidir sobre un posible proceso judicial contra Dilma Rousseff.
El diputado pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que apoya al Gobierno de Rousseff, pero meses atrás anunció su decisión personal de pasarse a las filas de la oposición, acción que fue apoyada y repetida por otros integrantes de este grupo político.
