MP expuso logros de la Comisión por la Justicia y la Verdad en Washington

Este miércoles 22 de marzo, el Estado venezolano ejerció su derecho de palabra en el 161º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C., Estados Unidos, donde el director general de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray, expuso los logros de la Comisión por la Justicia y la Verdad (CJV).

En este sentido, realizó una detallada exposición de esa comisión que investigó crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el período de 1958 a 1998.

Expresó que a través de una actuación metodológica, se logró demostrar cómo los gobiernos de esas décadas violaron de manera sistemática los derechos humanos contra toda persona que mostrara disidencia a las políticas implementadas para el momento.

Mundaray destacó que el trabajo científico realizado arrojó que el total de víctimas de esa época alcanzó las 10 mil 071 personas.

“Haber convertido al otrora ciudadano en enemigo, fue el inicio de esta institucionalidad desviada o pseudoinstitucionalidad. Las investigaciones nos permitieron identificar a los entes principales de esta actividad represiva, por lo que se pudo determinar que entre los ejecutores de lo que se convirtió en una política de Estado, se encontraba en primer término la Fuerzas Armadas Nacionales (FAN), especialmente sus servicios de inteligencia, el denominado SIFA”, explicó Mundaray.

El director general de Actuación Procesal puntualizó que la FAN se encontraba homogeneizada en torno al modelo militar estadounidense, entrenadas en el manejo de la fuerza, de la contrainsurgencia y de la inteligencia.

“Bajo la doctrina de la Seguridad Nacional, el SIFA y la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), ejecutaron algunos de los más brutales interrogatorios, torturas, allanamientos, asesinatos en enfrentamientos armados simulados (falsos positivos), así como la siembra de evidencias para el procesamiento penal de personas, cuyo crimen era presentar resistencia a las políticas de Estado implementadas”, aseguró.

En la sesión, donde también estuvieron presentes organizaciones no gubernamentales venezolanas, dijo que el ala civil de este aparataje estatal para esa época fue representada en la Dirección General de Policía (Digepol), que luego se denominó Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).

Adicionalmente, precisó que dichos organismos se dedicaron a la persecución de la disidencia política, obligaron a la censura de los medios de comunicación social, a la autocensura de periodistas y reporteros, y por consiguiente a la persecución de grupos sociales con tendencias o corrientes del pensamiento contrarias a la imposición oficial.

De acuerdo con la investigación realizada por la CJV, los cuerpos de seguridad del Estado se caracterizaron, además, por las detenciones arbitrarias, los interrogatorios mediante métodos de tortura, así como la irrupción en la intimidad de las personas con la interceptación ilegal de correspondencia, escuchas telefónicas y allanamientos sin orden judicial.

“Como complemento de esta estructura, también pudimos determinar la presencia de civiles aliados de los organismos de seguridad de Estado, quienes actuando subrepticiamente cometieron asesinatos selectivos; se infiltraron en organizaciones sociales y políticas para luego delatarlos. De esta práctica, se obtuvo información valiosa de toda índole”, indicó Mundaray.

Teatros de Operaciones

Afirmó que a través del trabajo realizado por la mencionada comisión, la cual es presidida por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se pudo comprobar que los Teatros de Operaciones (TO), fueron la materialización más acabada de la represión del Estado durante este período.

Según Mundaray, en esos sitios las fuerzas militares contaban con recursos técnicos y logísticos para la persecución.
Es importante destacar que durante la citada investigación, se logró detectar la presencia activa de todos los componentes de la FAN (Ejército, Aviación, Armada y Guardia Nacional).

El alto funcionario acotó que en esas instalaciones se acopiaban detenidos que eran llevados por los distintos componentes, sin fórmula de juicio y sin elementos propios del debido proceso.

Relató que una vez ahí se aplicaban tortuosos interrogatorios a través del Servicio de Interrogatorio a los Prisioneros de Guerra (SIPG), los cuales contaban con el apoyo incluso de personal médico.

Destacó que en los TO se gestaron la mayoría de las desapariciones.

Informó que este tipo de centros de arrestos se ubicaron en los estados Falcón, Trujillo, Barinas, Lara, Portuguesa, Monagas, Sucre, Miranda, Guárico, Yaracuy y Distrito Federal. “Más de 20 de estos campamentos llegaron a funcionar en algunas zonas. Se estableció, además, que hubo localidades en las que contaban con la complicidad y ayuda en información de los prefectos y otras autoridades de los partidos de los gobiernos de turno”.

Tras el trabajo de campo, la CJV detectó que aproximadamente 70% de los detenidos tanto en el interior del país, como en las ciudades, había permanecido recluido en algún momento en los TO. De este número, la mayoría fue recluida luego en centros de reclusión "tradicionales", mientras que los que fueron asesinados en las inmediaciones de los TO o algunos de los campamentos tácticos dependientes, pasaron a engrosar la lista de los desaparecidos.

Condiciones extremadamente duras

El director general del Ministerio Público señaló que las condiciones de vida de los prisioneros eran extremadamente duras como lo indican testimonios de los que allí permanecieron.

“Todos los TO contaban con un sector de interrogatorios a los cuales solo accedían oficiales de inteligencia a los que se sumaban los torturadores de oficio, conocidos por diferentes apodos y a quienes les correspondía la labor de extraer información por cualquier método o eliminar al prisionero cuando este fuera el caso. Casi la totalidad de estos recintos, fueron objeto de inspecciones técnicas por parte de la Comisión, con el apoyo de fiscales y criminalistas de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público”, detalló.

Respecto a otros recintos penitenciarios, aseguró que, en ocasiones, habían servido como cárceles militares en distintas épocas de la historia del país, pero también fueron utilizados para estas prácticas sistemáticas por parte del Estado. “Tal es el caso del Cuartel San Carlos, fortaleza militar construida en 1790”.

Otras edificaciones, aún más antiguas como el Castillo de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, construido en 1732, también sirvieron como centro de reclusión a disidentes políticos. Igual función tuvo el Fortín de La Guaira que data de 1769.

Sin embargo, advirtió que en las cárceles en que se mantuvieron mayor tiempo a los presos políticos, junto a la del Cuartel San Carlos, fueron la denominada Cárcel de La Pica, ubicada en el oriente del país, y el gran centro de reclusión en la isla de Tacarigua, en el Lago de Valencia (Carabobo).

“La CJV visitó a estas y otras cárceles, y pudo constatar la existencia de 56 lugares donde también hubo detenidos como prefecturas regionales, puestos rotativos y fijos de la Guardia Nacional, policías regionales y cuerpos especializados como la PTJ, y por supuesto, la Dirección General de Policía y la Dirección de Inteligencia Militar que junto a los Teatros de Operaciones albergaron el mayor número de detenidos políticos”, manifestó Mundaray.

Logros y alcances

Respecto a los logros y alcances, Mundaray resaltó que los miembros de la CJV visitaron a estas y otras cárceles, por lo que se pudo constatar la existencia de 56 lugares donde también hubo detenidos como prefecturas regionales, puestos rotativos y fijos de la Guardia Nacional, policías regionales y cuerpos especializados como la Policía Técnica Judicial, la Dirección General de Policía y la DIM, que junto a los TO, albergaron el mayor número de detenidos por razones políticas.

“Para esto, fue determinante la actividad de los fiscales del Ministerio Público, y la férrea, y en ocasiones heroica, participación de las víctimas. Mención aparte merecen nuestros expertos forenses, criminalistas e investigadores, quienes fueron capaces de aplicar todo su conocimiento científico para la obtención de evidencias, proceder a su análisis concienzudo y transparente, y aportar resultados confiables que, en ocasiones, nos han permitido devolver los restos víctimas a sus familiares, quienes han podido cerrar parte del ciclo del duelo y acceder a la verdad”, explicó.

Asimismo, el director general precisó que se logró la revisión de expedientes contenidos en los archivos militares y policiales, lo cual representa una de las actividades más importantes por la dedicación que exigió.

Los datos allí obtenidos fueron sistematizados, analizados, digitalizados y sometidos a un procesamiento estadístico. La desclasificación de estos archivos se realizó en cumplimiento del artículo 14, y 15 de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período de 1958-1998, y fue este trabajo el que permitió conocer parte importante de la verdad de los hechos ocurridos.

Durante su intervención en la CIDH, hizo referencia a la revisión exhaustiva del archivo del Congreso de la época, en procura de las denuncias que allí reposaban. A esto se agregó una revisión hemerográfica en procura de datos adicionales. Trámite similar se realizó con el Archivo General de la Nación y la biblioteca del Ministerio Público.

“Es de notar que, al menos 30% de los nombres de personas solicitados en los distintos archivos y de los cuales teníamos certeza de su detención y reclusión, no figuraban en los mismos, o si su nombre aparecía se refería a hechos que no guardaban relación, lo que indica que el número de víctimas reales fue mayor que las registradas en los expedientes a los que tuvimos acceso. Esto quedó corroborado por la afirmación de algunas autoridades policiales encargadas en la actualidad de los archivos quienes aseveraron que en el momento de asumir sus cargos supieron de muchos expedientes destruidos o quemados”, resaltó Mundaray.