Movimiento indígena en Ecuador: Aauge, desgaste y división

En Ecuador siete de cada 100 habitantes se autodefinen como indígenas, un grupo históricamente excluido y afectado por la pobreza, que emergió como actor político con representación gremial en los años cuarenta, para décadas más tarde ser determinante en la lucha por la reforma agraria y en la caída de al menos dos gobiernos, una fortaleza que se ha ido mermando producto de divisiones internas y una distancia cada vez mayor entre dirigencia y bases.

Esta situación quedó evidenciada en las últimas jornadas de protesta del 13 de agosto, que fueron convocadas inicialmente como un "levantamiento", una palabra que dimensiona las grandes manifestaciones indígenas que paralizaron el país en 1990 (entre el 28 de mayo y 11 de junio) y que poco tuvo que ver con lo ocurrido hace unas semanas cuando se presentaron cierre de vías en zonas puntuales de algunas regiones andinas de Ecuador y violentas manifestaciones tras una marcha en el centro histórico de Quito.

Hace 25 años, la sociedad y el Estado visibilizaron a un actor político antes ignorado al que le habían impuesto la exclusión y una Patria uninacional que se transformó constitucionalmente en plurinacional años más tarde.

En los últimos ocho años, los indígenas representan el segmento de la población que más avances ha registrado en temas de inclusión y reducción de la pobreza. Una muestra: la tasa de acceso a la educación superior de los indígenas se duplicó del 9,5 % en 2006 al 17,2 % en 2014, algo nunca antes registrado.

De otro lado, la pobreza por ingresos entre 2007 y 2014 cayó significativamente, sobre todo en el sector rural, donde habita principalmente la población indígena. A escala nacional ese indicador se redujo de 36,7% a 22,5% en el período mientras que la pobreza urbana bajó de 24,3% a 16,4% y la rural, de 61,3% a 35,3%, según datos de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).

Pero en términos de organización política, los indígenas pasaron de ser un sólido movimiento indígena, que incluso fue actor central del derrocamiento del presidente Jamil Mahuad (1998-2000) y que llegó al poder por primera vez en 2002 con Lucio Guitérrez (2003-2005) con una alianza que se rompió a los seis meses, a ser un movimiento indígena de contradicciones y divisiones.

En términos de representación cabe decir que según los datos de elecciones presidenciales y parlamentarias, los indígenas han mantenido un promedio de cinco legisladores, llegando al mayor número de 11 en 2002, y los candidatos de su brazo político, el Movimiento Plurinacional Pachakutik obtuvieron el 14,7% (con Freddy Ehlers en 1998), el 2,19% (con el indígena y líder histórico del movimiento Luis Macas en 2009) y el 3,26% (con Alberto Acosta en 2013).

Distancia dirigencia-bases

La otrora poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha experimentado desde su alianza con Gutiérrez divisiones internas y más recientemente escisiones de las bases en zonas de gran presencia indígena como las provincias andinas de Cotopaxi y Chimborazo, o la amazónica de Pastaza.

Como parte de las protestas del 13 de agosto, una marcha salió de la localidad de El Pangui, en la provincia de Zamora Chinchipe (al sureste de Ecuador, en la Amazonia) y atravesó la Sierra del país, unos caminando y otros en vehículos, hasta llegar a Quito. A su paso por algunas zonas, por ejemplo, en comunidades de mayoría indígena como Guamote, por ejemplo, fue posible observar ‘bandos’, unos que respaldaban la marcha y otros que la criticaban abiertamente.

Semanas antes, en abril de 2015, momento impensable años atrás se registraba en Quito.Líderes de Pachakutik se reunían con personajes como el excandidato presidencial de derecha y banquero, Guillermo Lasso, para buscar acuerdos respecto a una consulta popular que se promueve contra los proyectos de enmiendas constitucionales, que incluye una para eliminar las restricciones a la reelección. 

Poco después se alzó una voz de protesta, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi en una asamblea provincial que congregó a representantes de las 32 organizaciónes de base rechazaron y desautorizaron al Consejo Nacional de Pachakutik por el diálogo con Lasso y otros políticos de derecha "que tanto daño (…) han hecho a la política nacional", según recogió en su momento un comunicado.

Y para el 13 de agosto los indígenas también recibieron el respaldo de Lasso y el magnate bananero y excandidato presidencial Álvaro Noboa al llamado "paro nacional" mientras en esa jornada organizaban por separado protestas contra el gobierno en Guayaquil.

Delia Caguana, presidenta de la Confederación del Movimiento Indígena del Chimborazo (Comich) explicó que existen dirigentes de la Conaie que están impulsaron el levantamiento sin participación de las bases. La Comich y sus bases están en diálogo con el gobierno y esta postura ha permitido que otras organizaciones también se involucren.

“Empezamos solo en Chimborazo y hoy estamos con ocho provincias de la Sierra Centro. También se sumaron pueblos y nacionalidades de la Amazonía y Costa. Y también tenemos el acercamiento con la Sierra Norte, compañeros de Pichincha y Cayambe. Estamos avanzando.Las bases de la Conaie estamos en diálogo", dijo.

Caguana confirma que las bases del movimiento indígena creen en el gobierno y lo apoyan. Pero lamenta que los dirigentes nacionales “dialoguen con la derecha, pensando solo en ellos y no en la realidad de nuestros compañeros”. “Nosotros estamos pensando en las comunidades. Por eso cuando hay problemas llamamos la atención y ya nos escucha cualquier ministerio o funcionario. Y no hay para que hacer levantamientos o paros”.

Francisco Buñay, concejal de Alausí en la provincia de Chimborazo, recuerda que en otros tiempos los gobiernos locales tenían que “hacer paros o mandar una comisión a la capital para conseguir los recursos que correspondían por ley”. Ahora, sostiene el también dirigente indígena, pasa lo contrario. Un ejemplo de esta labor en beneficio de la población es la obra en vialidad y salud que está cambiando la realidad de comunidades indígenas en las provincias.

"Tenemos carreteras en buen estado y eso es lo que nos permite que los agricultores tengamos facilidades para la agricultura y en el entorno en que vivimos. Por ejemplo en salud. Una persona que tenga una emergencia, con la vialidad pueden a cualquier momento dar servicio desde el sector transportista. Y obviamente desde la producción, los campesinos que vivimos de la producción agropecuaria”, dijo Buñay.

A tal punto la división de la Conaie es evidente que el expresidente de la organización, Antonio Vargas, quien lideró al movimiento en la caída de Mahuad y hasta brevemente integró un triunvirato ese día, hoy cuestiona a los líderes nacionales por no escuchar a las bases.

Como uno de los dirigentes de los pueblos y nacionalidades indígenas de Pastaza que sucribió un manifiesto semanas atrás, Vargas se sumó a decenas de organizaciones de toda índole que han expresado su respaldo al gobierno, al tiempo que denunció y rechazó "los intentos desestabilizadores de las fuerzas retrógradas de derecha, seudoizquierda, dirigentes de la Conaie y Confenaie", Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae).

Esas dos organizaciones se señala en el manifiesto "han desobedecido las decisiones de las bases" contrarias a las protestas y partidarias del diálogo con el gobierno.

La actual coyuntura política ha evidenciado las diferencias entre las bases indígenas y sus dirigentes.

Las demandas de la dirigencia indígenas se refieren a la reapertura y no cierre de las escuelas de educación intercultural bilingüe; los supuesto despojos de las tierras y territorios que impulsaría el gobierno mediante la ley de tierras, ley de aguas y ley de minería; el archivo de la propuesta de las enmiendas constitucionales; detener la “persecución política y la judicialización” contra de los líderes sociales; fortalecer la agenda unitaria con los demás sectores sociales, entre otras demandas. Pero durante el desarrollo del paro, ya en Quito, estas se redujeron principalmente a las enmiendas constitucionales.

El levantamiento convocado por la Conaie no tuvo apoyo de las bases del movimiento indígena que han mantenido un diálogo con el gobierno. Las bases tomaron la decisión de no apoyar a la organización durante una reunión que mantuvieron el pasado 22 de julio en Quito.

Para el 29 de julio realizaron un pronunciamiento público donde informaron que no han “renunciado a los levantamientos siempre que sea para lograr grandes transformaciones”. En este contexto rechazaron la utilización del levantamiento indígena por parte de la Conaie porque aseguran beneficia específicamente a la oligarquía. Denunciaron no haber sido consultados y manifestaron la voluntad política de continuar con el proceso de diálogo que mantiene con el gobierno desde 2013.

Otras organizaciones nacionales como la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador (FEI) y la Confederación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) también respaldan al gobierno y su proyecto político. No así el Consejo Ecuatoriano de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos (Feine) quienes se sumaron a la propuesta de la Conaie.

Según información proporcionada por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política (SNGP), 32 de las 49 organizaciones principales de base del movimiento indígena, pertenecientes a la CONAIE, están en diálogo con las autoridades del gobierno para analizar sus demandas. 

La mayoría de organizaciones de base de la Confenaie -19 de 23- y Conaice –7- ya dialogaron, mientras que 13 organizaciones de 19 que conforman el Ecuarunari son reacios a sentarse en la mesa de diálogos.

Para otro de los dirigentes históricos del movimiento indígena, Miguel Lluco, lamentablemente la dirigencia de la Ecuarunari, encabezada por Carlos Pérez Guartambel, no participó del proceso de conformación y de lucha de la organización, lo que impide que entiendan cuál es la lucha del movimiento y se alejen de los intereses de las bases indígenas.

“El señor Pérez no enfrentó el proceso de reforma agraria, el proceso hacendario, el proceso de dominación de la gente. El señor Pérez esto no vivió. No está representando los intereses de las personas que se organizaron en ese tiempo (…) Por lo tanto no confiamos en su discurso que trata de desvalidar una lucha, un proceso, una historia”, dice Lluco.

Explica que para el levantamiento indígena de 1990 se plantearon objetivos históricos como el rechazo a la presencia española, la repartición de tierras y el Estado plurinacional. Es decir que en ese momento el movimiento indígena tenía objetivos claros y propuestas. “¿Por qué hicimos el levantamiento? Porque no ha había oídos. Porque esos gobiernos eran explotadores. Esos gobiernos eran demagógicos. Nos respondían a los intereses de los pobres", una situación diametralmente opuesta a la actual, asegura.

Violencia en las protestas

Mientras las bases del movimiento indígena rechazaban las protestas del 13 de agosto, la dirigencia de la Conaie, Ecuarunari, Confenaie, junto a organizaciones sindicales de oposición como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) o la Confederación de Trabajadores Sindicales (Ceols), siguieron adelante con las manifestaciones que terminaron en violencia.

Las protestas dejaron en todo el país 113 miembros de la fuerza pública entre policias y militares. Además de unos 111 detenidos (60 con prisión preventiva), según cifras oficiales, la mayoría acusados de paralización de servicios públicos y por ataque con violencia contra la fuerza pública.

Imágenes de televisión y fotografías recogieron las brutales agresiones propinadas contra los policías que en Quito que resguardaban los alrededores del palacio de gobierno. Con enormes palos, construyendo improvisados instrumentos para golpear en masa a policías y lanzando piedras, arrancadas del patriomonio histórico de la ciudad, los manifestantes usaron la violencia, a la que la fuerza pública respondió con el uso progresivo de la fuerza para defenderse, sin llegar a los niveles de represión característicos de otras épocas. 

Las protestas convocadas por la Conaie y otros grupos de oposición para el 13 agosto terminaron en violencia.

 

Caso francobrasileña Manuela Picq

En ese marco de protestas agresivas participan los dirigentes indígenas y sindicales, ciudadanos contrarios al gobierno e incluso extranjeros, como es el caso de la francobrasileñaManuela Picq, quien ya venía participando en otros actos políticos públicos.

La Ley de Extranjería en Ecuador impide que los extranjeros que residan en el país, "participen en actividades políticas o bélicas que inicien o fomenten guerras civiles o conflictos internacionales".

Picq, pareja del presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel, que contaba con una visa para intercambio cultural, pero previo a su detención había participado en al menos cuatro manifestaciones contra el gobierno.

El 14 de marzo de 2014 intervino en el evento ‘Diálogo sobre el agua y la minería’, organizado po la Ecuarunari, en Girón (Azuay). En junio de ese mismo año participó junto a Pérez en la caminata denominada ‘Por el agua, por la vida, por la democracia, por la celebración del Inti Raymi’, que salió desde la provincia de Zamora (sur) hacia Quito. El 28 de mayo de 2015 estuvo en la marcha convocada por la Ecuarunari y los sistemas Comunitarios de Agua del Azuay, durante la visita del presidente Correa a Girón. El pasado 10 de junio, Carlos Pérez y Manuela Picq, participaron en la concentración del movimiento de extrema derecha Creo en el parque Calderón (Cuenca), en contra de las políticas del gobierno.

Finalmente, su última participación política se registró el 13 de agosto, fecha en la cual fue detenida para al día siguiente conocer que su visa había sido revocada, en el marco de las facultades del Estado de conceder y retirar visados, con lo cual su situación migratoria se tornó irregular.

Sin visa, Picq, quien denunció haber sido detenida sin motivo y retenida en un lugar para extranjeros a la espera de deportación. Una jueza negó la deportación y más tarde, otra magistrada no concedió una acción de protección que pretendía que la visa sea devuelta.

Ante ello, la politóloga y periodista decidió abandonar Ecuador el pasado 21 de agosto diciendo: "Dado la falta de defensa constitucional, la precariedad de mis derechos, el limbo jurídico en el cual me encuentro, la preocupación de mi familia, nos parece más adecuado regresar a Brasil". La mujer de 38 años, anticipó que desde ese país buscará una nueva visa al amparo del Mercado Común del Sur (Mercosur) para volver a Ecuador.

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