Más explotación financiera a los adultos mayores a un año del huracán María
Tras el paso del huracán María, uno de los daños sufridos más frecuentemente por los adultos mayores de Puerto Rico fue la explotación financiera, hasta el punto de que, a un año del desastre, son decenas los que cualificaron para la ayuda de emergencia de 500 dólares de la Agencia federal para el Manejo de Desastres (FEMA, en inglés) y nunca los cobraron.
“Posterior al huracán ha habido muchos casos de explotación financiera. Identificamos personas que tuvieron problemas con la primera ayuda de $500, porque la solicitud la llenó otra persona, la dirección y cuenta de banco eran de esa otra persona. Es una situación bastante difícil porque no reciben el dinero hasta que FEMA haga la investigación a nivel federal. Es un proceso bien largo. Es posible que muchas personas no hayan recibido nada todavía”, explicó la abogada Irma Rosado del Río, quien trabaja en el Centro Integral de Apoyo a Víctimas (CIAV) de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
Señaló que este caso es el reflejo de lo que ocurrió a nivel isla, pues la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada reveló que, tan solo en los dos meses posteriores al paso del ciclón, recibieron 1,369 reclamaciones por abuso financiero, lo que representó 684 querellas mensuales, cantidad que fue más del doble de las 254 registradas, en promedio, en el año fiscal 2017.
“Posteriormente, lo que vemos regularmente es que hay muchos familiares que les administran los bienes a las personas mayores alegando que es para ayudarlos pero, a la larga, la persona no recibe lo que le corresponde. Regularmente, son familiares que están con ellos y se les hace bien difícil tomar una acción contra esa persona, que es la que ellos perciben que los cuida”, dijo la abogada para explicar la dificultad de lograr una acción judicial contra esos victimarios.
La explotación financiera es solo uno de los asuntos que atiende el CIAV, un proyecto financiado con fondos federales del “Victim of Crime Act” (VOCA) que administra el Departamento de Justicia. Inicialmente, la propuesta se hizo, en 2017, para dar apoyo legal a adultos mayores y víctimas de trata humana. En este segundo año, el proyecto se amplió para cubrir víctimas de violencia doméstica. Tanto los servicios de orientación como los de representación legal se ofrecen libre de costo.
“Siempre tratamos de hablar de eso en los centros de actividades para adultos mayores a los que vamos porque, cuando le gente lo escucha, puede identificar que lo que le pasa no se supone que esté ocurriendo. Hay que darle mucha divulgación porque las personas conocen sus derechos y los victimarios entienden que hay una protección en ley”, mencionó Rosado del Río.
“Para nosotros también es importante hablar de los procesos de incapacidad y tutela porque hay que explicar que la incapacidad solo la declara un tribunal. Es común que un hijo o hija le diga a una persona mayor: ‘Ya tú no puedes administrar tus cuentas’. Pero, el hecho de que una persona tenga una edad ‘X’ o se le haga más lento llegar a un sitio o pensar, no quiere decir que no puede administrar sus bienes”, advirtió.
