Más del 65% de los brasileños desconfía de Michel Temer
El 66 por ciento de los brasileños asegura desconfiar de Michel Temer, presidente interino de la nación suramericana, luego de la suspensión temporal de la mandataria Dilma Rousseff hace seis semanas.
Así lo reveló una encuesta realizada por la empresa Ibope y difundida este viernes por la Conferencia Nacional de la Industria (CNI), en la que solo 27 por ciento de los dos mil participantes señaló tener confianza en el exvicepresidente.
En relación con la gestión de Temer, un 39 por ciento la calificó como mala o pésima, un 39 por ciento regular y solo 13 por ciento la considera excelente o buena.
Entretanto, el 53 por ciento de los encuestados desaprueba la forma de gobernar del presidente interino de Brasil, mientras que 31 por ciento la aprueba.
La popularidad de Temer está por debajo en la región Nordeste de Brasil, según muestra la encuesta, debido a que un 44 por ciento de los habitantes de ese lugar estima que su Gobierno es malo o muy malo, 72 por ciento no confía en él y 63 por ciento desaprueba su estilo de gestión.
El dato: El sondeo de Ibope tiene un grado de confianza del 95 por ciento, se realizó entre los días 24 y 27 de junio, con 2 mil dos personas en 141 municipios de todo Brasil. El margen de error estaría alrededor del 2 por ciento.
Dilma Rousseff está suspendida de su cargo por la Cámara Alta brasileña mientras se estudia si es sometida a un juicio político por supuestamente haber maquillado los fondos públicos.
Un informe elaborado por técnicos del Senado brasileño señaló el pasado lunes 27 de junio que no existen pruebas de que Rousseff participara en las maniobras fiscales, que supusieron una de las causas que llevaron la apertura del juicio político.
En mayo, el Senado de Brasil votó a favor del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, por lo que fue separada de la presidencia por un período de 180 días.
Para que Dilma pierda definitivamente la jefatura del Estado se requeriría el apoyo de 54 de los 81 miembros de la Cámara alta.
Esta maniobra de juicio político es interpretada por los analistas como un golpe de Estado parlamentario contra el Gobierno progresista, y un atentado feroz contra las políticas sociales.
