Macri responderá ante la ONU por represión y caso de Milagro Sala
La violencia contra la mujer, la tortura y la situación de los pueblos indígenas, también son temas de importancia a tratar en esta reunión
El Gobierno argentino de Mauricio Macri deberá dar respuesta ante la ONU por diversos casos de represión estatal contra protestas sociales y por la detención de la militante social, Milagro Sala.
Será ante el Comité de Derechos Humanos que el Gobierno Nacional tenga que dar explicaciones, este jueves, a raíz de la problemática actual y la metodología represiva que utiliza a través sus fuerzas de seguridad contra el pueblo. Pero no es el único tema a debatir.
Entre las preocupaciones de la ONU están la falta de un nombramiento del Defensor del Pueblo, las demoras en las causas de lesa humanidad, el decreto sobre el derribo de aviones, el rol de las Fuerzas Armadas, la situación carcelaria, la violencia institucional, los femicidios y el desmantelamiento de las oficinas especializadas en DDHH.
La violencia contra la mujer, la tortura y la situación de los pueblos indígenas, también son temas de importancia a tratar en esta reunión. Pero, sin duda, el caso más relevante es la detención política de Milagro Sala.
Este comité se encarga de evaluar a todos los países que lo integran con respecto a violaciones de Derechos Humanos. Amnistía propone que se focalice en diversos temas a través de un informe.
A través de un duro informe, Amnesty Internacional, expresó: "El 16 de enero de 2016, la dirigente social Milagro Sala, fue privada de la libertad por estar llevando una protesta pacífica en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy… El 15 de diciembre de 2015, Milagro Sala fue denunciada penalmente por el gobierno de la provincia de Jujuy por realizar una protesta que la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy (ROS) – de la que la Tupac Amaru es parte – comenzó un día antes".
Y continúa: "Sin perjuicio de la vaguedad de la acusación y de la ausencia de una descripción clara y precisa del hecho que se le imputa, se la acusó en sede penal de dos delitos: organizar una protesta (interpretada como el delito de entorpecimiento de la circulación, el cual ella instigaría a ser cometido – art. 209 del Código Penal) y de rechazar una medida del gobierno provincial".
