Lo que implica derogar la Ley de Precios Justos
Fedecámaras y Consecomercio, generales de la guerra económica, han ordenado a sus vasallos políticos recientemente electos derogar (eliminar), sin anunciar reformas, la Ley de Precios Justos. La guerra económica se abre paso ahora en su variante institucional.
Hay demasiada tela que cortar alrededor de la derogación de dicha ley y las muchas otras que la derecha ha anunciado que derogará, para devolverle privilegios a la clase empresarial que ha instrumentado la guerra económica contra el pueblo en favor de su recaptura del poder político. A continuación señalaremos los detalles más importantes, implicaciones y cuestiones detrás de la derogación de la Ley de Costos y Precios Justos.
¿Derogación o reforma? Este asunto no ha sido aclarado, pues hay contradicciones en las declaraciones de los recientemente electos Diputados de la MUD. Pero la "solicitud" (más bien, orden) de Fedecámaras ha sido tajante: derogar la Ley de Precios Justos. Las contradicciones sobre lo que harán con la ley da cuenta de que no se han puesto de acuerdo de por donde van a comenzar a morder el pastel. En todo caso, tratándose de una reforma o sustitución por otra, dicha ley impondrá los parámetros propios del neoliberalismo económico, dejando a la suerte del "libre mercado" el destino de los bolsillos de las familias venezolanas. Está así estipulado en el documento "Agenda Legislativa 2015", un material que se encontraba disponible en la página de la MUD Unidad Venezuela y que fue eliminado inexplicablemente del sitio el pasado lunes 8 de diciembre.
En este documento, dos propuestas leyes tituladas "Ley para el incremento de la productividad" y "Ley de abastecimiento pleno" proponen eliminar toda "acción punitiva" contra "empresarios" como la "privación de libertad", pues en teoría "inhiben" la productividad. Delegan en una hipotética ley titulada "Ley de protección y educación al consumidor" el regreso de normas anteriores a la Ley de Precios Justos, sin hacer mención alguna a la penalización de irregularidades, y sin tampoco mencionar controles que hoy existen a ganancias exorbitantes, prácticas especulativas y crímenes económicos como el contrabando, acaparamiento y saboteo de las redes de suministro.
Parece que lo que se viene es derrumbar las barreras y obstáculos que hoy existen para que el empresariado no devore a la gente a sus anchas. Pretenden legitimar la impunidad empresarial, la especulación y los delitos económicos. Sea por eliminación total o por el cambio a una ley neoliberal, lo que viene es sufrimiento para el pueblo y beneficios para los poderosos.
Liberación de precios. Los criterios neoliberales a los que apuntan con el desmontaje de la actual ley son a la desregulación total de los sistemas de precios. Si algo en la calle hoy es caro por no estar regulado, será más caro. Si algo en la calle es económico por estar regulado, será más caro. Se basan en la tesis de liberar precios para alcanzar un mayor "aumento de la productividad". Dicen que "el mercado" regulará los precios, pero lo cierto es que los oligopolios que manejan la economía venezolana son quienes fijan los precios, siempre a su favor. La especulación campeante será institucionalizada.
Eliminar topes de ganancias. La actual Ley de Precios Justos regula (colocando un techo de 30%), como sucede en muchísimos países del mundo, los topes de ganancias empresariales. La burguesía venezolana se ha resistido total y frontalmente a esta norma, acostumbrados a obtener ganancias desde el 100% al 800% sobre sus costos de producción, importación y distribución. Derogar la ley implica que no van a encarecer productos sólo para aumentar la productividad, sino para liberar topes de ganancias desde importadores, productores, intermediarios y vendedores finales. Van a expoliar los bolsillos de la gente más todavía, aumentando sus privilegios, regresando sin leyes y condicionantes algunos a sus prácticas habituales de enriquecimiento desproporcionado en detrimento del público consumidor.
Sin ley no hay fiscalizaciones. El futuro de la Sundde está en entredicho. Más de 5 mil fiscalizadores(as) podrían perder su empleo. Pero lo que hay detrás de la derogación es la eliminación de toda norma que permita regular las prácticas de las empresas privadas saboteadoras de la economía y saqueadoras de nuestros bolsillos. La Ley y la Sundde se ocupan de penalizar y sancionar el acaparamiento, la especulación, entre muchos otros delitos contra la gente.
Lamentablemente la Sundde no ha sido totalmente efectiva en vencer la guerra económica, le es imposible por sí sola, ningún país tiene institución alguna que pueda regular y sancionar todo el entramado de la economía privada que sabotea de manera articulada y simultánea. Una institución como la Sundde sería totalmente efectiva en un país donde la empresa privada no esté en abierta guerra económica. No es el caso de Venezuela. La Sundde simplemente no ha tenido el músculo institucional para combatir un monstruo de un millón de cabezas. Pero sin duda alguna la Sundde ha contenido estragos mayores contra la población, han sancionado a miles de empresas y comercios, han fiscalizado y contenido puntualmente grupos empresariales y empresas concretas metidas en flagelos económicos. Dejar a la Sundde sin ley que implementar, sin regulaciones que hacer, colocará al pueblo en una situación mucho más vulnerable frente a los especuladores, quienes en ese escenario podrán actuar a sus anchas y sin restricciones.
Todo a dólar paralelo. La Ley de Precios Justos penaliza la referenciación de precios en cálculos basados en el dólar paralelo. No se reconoce esa tasa, ni en componentes importados de las estructuras de costos, ni en los precios finales al consumidor de los productos, incluso los que no están regulados por no ser considerados esenciales. La referenciación de precios en la calle a dólar paralelo es expresión de especulación. Si se despenaliza usar el paralelo como "marcador de precios", la especulación y referenciación a precios del paralelo, será institucionalizada y robar al pueblo de esa manera no tendrá penalidad alguna. Esto sin duda generará más inflación inducida. Sin duda incentivará la compra del dólar paralelo para su uso en la economía real, sin restricciones, y será acelerante del aumento de esa tasa actualmente intervenida por actores políticos como Dólar Today. Derogar la ley implica aumentar las cuotas de privilegios de los actores detrás de la especulación del dólar paralelo, pues es como si la mafia detrás de Dólar Today tuviera el poder ahora en el parlamento para legitimar sus actos de enriquecimiento ilícito en detrimento de la población.
Las providencias administrativas que fijan precios. En la ley actual todo producto regulado tiene el precio que tiene porque la Sundde fija ese precio luego de estudios exhaustivos a las estructuras de costos de producción, importación y distribución. Son precios basados en acuerdos con actores económicos y establecen el 30% de ganancia tope. Desmontando la ley, pierden sentido las providencias y los precios son liberados. Es decir, el Estado perderá toda facultad de hacerle frente a la empresa privada y acordar e imponer precios justos para proteger al pueblo. Esto implica el sometimiento de la gente a los designios del capital privado sin que el Estado tenga facultades para hacerles frente.
Productos sin precio rotulado. Un argumento recurrente que siempre usan los empresarios (más bien ladrones de cuello blanco) es que marcar en los empaques de los productos los precios máximos "inhibe" que hayan ofertas. Lo cierto es que los venezolanos desde hace décadas no sabemos lo que es realmente eso, menos todavía en productos esenciales. El planteamiento neoliberal indica que un producto sin precio marcado tendrá una "fluctuación de su valor de acuerdo a la oferta y la demanda". En Venezuela eso no aplica. Lo habitual en la realidad es que si un producto no está marcado se vende a precio cartelizado y exorbitante. Ante esa situación es más difícil que la gente por sí sola pueda defenderse de la especulación en las ventas al detal. La gente tendrá que pagar lo que les cobren, sin posibilidades de reclamo. La derecha insiste que regular precios (y marcarlos) es una afrenta para ellos, y he ahí que la norma de marcaje puede ser desmontada.
¿Por qué quieren hacer semejante locura?
La derecha venezolana es una entidad política patrocinada por intereses empresariales en Venezuela y en EEUU. No son gente de subestimar, saben lo que hacen y entienden que la derogación o reforma neoliberal de la Ley de Precios Justos será un acto tremendamente nocivo para la cotidianidad económica de las personas. Vale la pena preguntarnos: ¿por qué lo hacen entonces? La respuesta a esto la anunciamos al inicio de esta nota: van a recrudecer la guerra económica, ahora en su variante institucional. Quieren hacer esta locura no por estar mentalmente desaforados, sino por ser una entidad antipolítica siniestra y fascista. Desde la Asamblea Nacional quieren eliminar todo obstáculo que les limite capacidad de maniobra para seguir asfixiando al pueblo.
La guerra económica es un acto de ingeniería social, es un acto de modificación de la vida de las personas, de cambio en su subjetividad, de cambio en su orientación política. Se afincan en lo económico para desmovilizar, desmoralizar e irritar a la población. Quieren que el Gobierno Bolivariano pierda apoyo entre la gente. Generan la crisis, sabotean la economía y culpan a Maduro. Es lo que hacen. Quieren ahora desde la Asamblea Nacional enrarecer más todavía la economía para endosarle el costo político de tal situación a la Revolución Bolivariana.
Luego de una campaña electoral donde se ofrecían como la solución a los problemas económicos del país, la derecha, a sólo 48 horas del 6D, cambiaron su discurso y han dicho en la voz de Henrique Capriles que la MUD no va a resolver el problema económico. De hecho, el mismo Capriles ha asegurado (como si se tratara de un predictólogo economista) que "la situación (económica) que viene será muy crítica". Cambiaron su discurso, dicen que viene más crisis mientras anuncian acciones parlamentarias que destruirán más la vida de las personas.
El pueblo venezolano, desde cualquiera de sus posiciones políticas, debe estar alerta y estar claro de lo que puede venir. Si se consuma lo que ya se anuncia -un paquete legislativo ordenado por Fedecámaras– la derecha empresarial empujará al país entero a nuevos escenarios de confrontación y conflicto de poderes. Quienes eligieron a candidatos de la MUD esperando "soluciones" a la economía deben asumirse defraudados desde ya.
Ir contra la Ley de Precios Justos -y otras leyes como la LOTT– significará una regresión que el pueblo (incluyendo a parte de la base electoral de la derecha el 6D) no va a legitimar. En la MUD, sin ponerse de acuerdo, hablan de leyes de amnistía para guarimberos presos y repatriación de los criminales económicos del sabotaje petrolero de Pdvsa (2002). Otros divagan en que hay que "cambiar la Constitución" para acortar el tiempo de Maduro, otros hablan de efectuar un Carmonazo parlamentario. El poder los enceguece. Defraudan más a sus seguidores que ingenuamente esperaban la resolución del tema económico. Estos son hechos, no opiniones.
/N.A
