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Keiko Fujimori de nuevo a prisión preventiva por caso Odebrecht

El magistrado indicó que existía la “sospecha grave” de que Fujimori, de 43 años, dirigía una “organización criminal de facto

La justicia peruana envió el miércoles a prisión preventiva a la poderosa líder opositora Keiko Fujimori, acusada de recibir aportes ilegales de la brasileña Odebrecht, lo que amenaza su aspiración de ser de nuevo candidata presidencial en 2021.

Al acoger un pedido de un fiscal anticorrupción, el juez Richard Concepción Carhuancho impuso prisión preventiva por 36 meses a la primogénita del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo partido controla el Congreso.

“La única medida necesaria en su caso es indudablemente la prisión preventiva”, pues ella ha interferido en los poderes del Estado, como el Congreso, y ha intentado obstruir la justicia, dijo el magistrado.

El juez dictó orden de detención inmediata contra Keiko, de 43 años, quien abrazó a su marido, Mark Vito Villanella, a quien le corrían las lágrimas, antes de irse conducida por varios agentes de policía.

El magistrado indicó que existía la “sospecha grave” de que Fujimori, de 43 años, dirigía una “organización criminal de facto que se ha enquistado dentro del partido” fujimorista, que blanqueaba dinero de origen ilícito.

La orden de prisión preventiva fue pedida por el fiscal José Domingo Pérez, que la acusa de recibir 1,2 millones de dólares aportados en forma ilegal por la cuestionada constructora brasileña para su campaña de 2011.

“A juicio de este despacho existe sospecha grave” de que Keiko lavó dinero, declaró Carhuancho, a quien la ahora detenida líder política de ancestros japoneses acusa de estar coludido con el fiscal Pérez.

Se da por descontado que la abogada de Keiko, Giuliana Loza, apelará esta decisión, para lo que tiene tres días de plazo.

El juez afirmó que esa “organización criminal” integrada por 13 personas tomaba todas las decisiones en el partido fujimorista, “por encima del comité político” y de la bancada parlamentaria.

La meta de la organización era “acceder al poder político y una vez en el poder cometer delitos de corrupción”, expresó Carhuancho, quien ahora debe resolver pedidos de prisión para otros 10 imputados en la misma causa.

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