Jueza chilena pospuso sentencia contra funcionarios bolivianos
La audiencia para los nueve bolivianos detenidos en Chile, que se llevó a cabo este martes en la ciudad de Iquique, la juez chilena Isabel Peña dejó pendiente la sentencia ya que la dictará este miércoles.
Al juicio asistió una delegación de Bolivia conformada por personalidades del Gobierno boliviano y la Defensoría del Pueblo.
Los nueve funcionarios comparecieron en una audiencia "del juicio abreviado, que no es otra cosa que la utilización de un mecanismo rápido y eficaz para de una vez poder concluir con todo este tema y lograr su retorno al país", explicó el procurador general del Estado boliviano, Pablo Menacho.
Durante el juicio abreviado, la Fiscalía chilena solicitó la culpabilidad de los acusados y el pago de una multa que ascendería aproximadamente a 32 millones de pesos (unos 48.000 dólares).
Por su parte, los nueve funcionarios defendieron su postura de inocencia, respaldada por los abogados.
El caso
El pasado 19 de marzo, nueve ciudadanos bolivianos, dos militares y siete oficiales aduaneros fueron detenidos en Chile luego de ser acusados por las autoridades de ese país de robar un camión transportista en la zona fronteriza y portar armas ilegalmente.
El Ministerio Público de Chile solicitó la prisión preventiva para los acusados y el tribunal decretó 120 días para la investigación del caso.
Sin embargo, el Gobierno boliviano con el mandatario Evo Morales a la cabeza, declaró que los detenidos estaban en pleno cumplimiento de sus funciones, ya que realizaban un operativo contra el contrabando al momento de ser capturados.
Bolivia ha denunciado a la comunidad internacional la arbitrariedad de este hecho, lo que incluye la intervención en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington. La delegación sostuvo que Chile detuvo de forma "injusta y violenta" a los nueve funcionarios, argumento rechazado por los diplomáticos bolivianos.
El presidente Evo Morales ha apoyado incondicionalmente la causa de los privados de libertad y expresó a través de su cuenta en Twitter de la injusticia de las autoridades chilenas.
La reclusión de los funcionarios supuso en los últimos meses una nueva escalada de tensión en las relaciones entre los dos países, que permanecen enfrentados en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por la reclamación marítima ejercida por Bolivia.
De ser considerados culpables, el procedimiento abreviado permite al fiscal proponer una pena máxima que no puede superar los cinco años. Por su parte, cada uno de los nueve detenidos tiene derecho a una medida sustitutiva, que puede significar su expulsión del territorio chileno.
