Indignación global: Trump busca «legalizar» asesinatos en el Caribe
El objetivo del mandatario es legitimar la lucha contra el tráfico de drogas, elevándola a la categoría de "conflicto armado" bajo las normativas legales pertinentes
La administración de Donald Trump ha puesto en marcha una arriesgada estrategia legal y militar que, según una investigación de CNN, podría tener como objetivo legalizar asesinatos extrajudiciales en la región del Caribe, apartándose de una lucha transparente y legal contra el narcotráfico.
A pesar de operar bajo una narrativa que carece de pruebas concretas, el presidente Trump está intentando alinear las principales instituciones del Estado —incluidos el Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa, la CIA y el Congreso— para legitimar el uso de fuerza letal contra individuos señalados como narcotraficantes. Esta maniobra busca eliminar tanto la supervisión judicial como la rendición de cuentas en dichas operaciones.
El Departamento de Justicia elaboró una opinión jurídica clasificada que permite al presidente ordenar ataques letales contra una lista secreta de cárteles y presuntos narcotraficantes, sin necesidad de presentar pruebas ni someterse a revisión legal.
Este dictamen legal redefine el narcotráfico como un «conflicto armado» y, en consecuencia, clasifica a los presuntos traficantes como «combatientes enemigos». Este cambio terminológico abre la puerta a ejecuciones sumarias y acciones sin el debido proceso, lo que representa una grave violación de principios fundamentales del derecho internacional y constitucional.
Cuestionamientos a la Legalidad de los Ataques en el Caribe
El Ejército de Estados Unidos ha ejecutado al menos cuatro ataques letales en el Caribe, resultando en la muerte de individuos que la administración Trump vincula con cárteles designados como terroristas. Sin embargo, no se ha presentado prueba pública que sustente dichas conexiones.
El ataque más reciente, que cobró la vida de cuatro personas, generó controversia adicional, ya que fuentes posteriores indicaron que la embarcación ni siquiera se dirigía a territorio estadounidense, contradiciendo la versión oficial inicial de los hechos.
Ante esta situación, que contraviene el derecho internacional, abogados del Pentágono y expertos en la materia han expresado serias dudas sobre la legalidad de estos operativos. Pese a las objeciones, se ven forzados a seguir la interpretación del Departamento de Justicia, que actualmente ejerce dominio dentro del poder Ejecutivo.
La opacidad del proceso se ha visto reforzada por la negativa del Departamento de Justicia y el Departamento de Defensa a entregar al Congreso el dictamen legal solicitado en múltiples ocasiones.
