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Presidente Petro pide perdón a víctimas de masacres cometidas por el Estado

El Jefe de Estado declaró durante un acto de reconocimiento de responsabilidad en Medellín

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió perdón a todas las víctimas de las masacres realizas por el Estado colombiano en el último siglo.

El Jefe de Estado declaró durante un acto de reconocimiento de responsabilidad en Medellín.

«Como representante hoy del Estado colombiano debo pedirle perdón a todas la víctimas, familiares y a todas los y las que ya no nos pueden acompañar porque fueron asesinadas por el mismo Estado», aseveró Petro, de acuerdo a Sputnik.

En este sentido, hizo referencia a las masacres por grupos paramilitares que se registraron en El Aro y La Granja, donde – a partir de este miércoles – reposará una placa en honor a las víctimas.

«En nombre del Estado Colombiano le he pedido perdón a las víctimas de las masacres en los corregimientos de la Granja y el Aro en 1997″, publicó en su cuenta Twitter el presidente colombiano.

Petro calificó al Estado colombiano como «asesino» y destacó los resultados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes condenaron las masacres en estas zonas neogranadinas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recalcó que la masacre perdieron la vida más de 17 campesinos en estado de indefensión.

Otros campesinos fueron despojados de sus bienes y desplazados de su territorio.

Senado colombiano aprueba política de paz propuesta por Petro

El pasado 25 de octubre el Senado de Colombia aprobó la Ley 181 o Ley de paz total, que define la política del Gobierno de Gustavo Petro para sentar las bases de las vías de negociación y sometimiento judicial para grupos armados e irregulares en el país.

La norma contó con 62 votos a favor  y está cerca de ser aprobada de forma definitiva para que la paz total quede establecida como política de Estado para que futuros gobiernos no puedan cambiar los acuerdos que se firmen.

La normativa modifica la llamada Ley de Orden Público vigente desde 1997, conocida como Ley 418 y le concede a Petro una prórroga de cuatro años y poderes para convocar a diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con los grupos criminales organizados.

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