Gobierno de Perú busca diálogo con dirigentes sociales
El Gobierno peruano busca generar un diálogo con dirigentes sociales, tras la muerte de dos manifestantes que rechazaban el proyecto minero Tía María, de la empresa Southern Copper, creado para la explotación de cobre en Islay, sur del país.
La ministra de Energía y Minas de Perú, Rosa María Ortíz, informó la asistencia de una delegación gubernamental a la reunión que se realizará en la ciudad de Arequipa, a fin de "encaminar un proceso que, sustentado en la paz social, permita generar entendimientos permanentes que eliminen la conflictividad existente alrededor del proyecto Tía María".
Consideró que el mejor camino para llegar a la paz en Islay es el del diálogo y el respeto al estado de derecho, sin embargo, hasta ahora no está confirmada la presencia de los dirigentes sociales, precisa una nota informativa de Telesur.
El pasado 23 de marzo los agricultores de la provincia de Islay, en Arequipa, iniciaron un paro indefinido en rechazo de la ejecución del proyecto minero Tía María de la Southern Perú, filial de la mexicana Southern Copper, valorado en 1.400 millones de dólares, pues consideran que afectará su agricultura y el medio ambiente.
En la protesta, que cumple 45 días, han muerto dos personas: Victoriano Huayna, de 61 años de edad, que fue abatido por el disparo de un fusil de la policía, el pasado 23 de abril. Mientras que Henry Checlla, de 35 años, fue asesinado este martes en medio de confrontaciones entre efectivos de seguridad y los manifestantes, reseñó Telesur.
El dirigente de los agricultores del valle del Tambo, Jesús Cornejo, comentó que el asesinato de Checlla trajo como consecuencia que la situación se volviera más tensa, por lo que dificultan la comunicación con las autoridades del Ejecutivo sino que desean hablar directamente con el presidente Ollanta Humala.
Los agricultores tiene previsto realizar un paro nacional este jueves siete de mayo para manifestar su rechazo a este proyecto minero que dejaría sin empleo a miles de trabajadores del campo y frenaría la producción de unas 13.000 hectáreas donde se cultivan alimentos para Perú y otros países de América Latina.
