GMAS atiende Órdenes Populares de Inspección en el estado Miranda
Durante el recorrido fueron sancionados 62 establecimientos comerciales, entre panaderías, abastos asiáticos, supermercados, charcuterías y farmacias quienes se encontraban violando la Ley Orgánica de Precios Justos, según lo declaró Contreras
Atendiendo las Órdenes Populares de Inspección el Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómico William Contreras, inició este jueves un proceso de fiscalización en los municipios Cristóbal Rojas e Independencia, de Charallave y Santa Teresa del Tuy respectivamente, en el estado Miranda.
Durante el recorrido fueron sancionados 62 establecimientos comerciales, entre panaderías, abastos asiáticos, supermercados, charcuterías y farmacias quienes se encontraban violando la Ley Orgánica de Precios Justos, según lo declaró Contreras.
Se aplicaron sanciones de 3 a 15 mil unidades tributarias (UT), para un estimado de 97 millones 173 mil bolívares, informó el superintendente; y a su vez destacó que otras sanciones serán aplicadas por ingresos netos.
Especificó que dentro de los ilícitos más resaltantes fue la restricción a la venta (artículo 47#1), además de realizar un cobro ilegal de más del 20 por ciento en avance en efectivo y en el uso de la tarjeta de alimentación.
De este proceso de fiscalización resultó detenido el ciudadano Héctor Hidalgo, trabajador de la panadería Panquic, quien realizaba los avances de efectivo los cuales no han sido aprobados por la SUDEBAN, se pudo conocer este ilícito gracias a las denuncias de los vecinos de Charallave.
Dicho despliegue contó con la participación de 100 funcionarios de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana y 100 fiscales de la Sundde además del poder popular.
OPERATIVO ESPECIAL
En el marco de la instalación de los Espacios Populares de Inspección e Investigación (EPII-Centros), El Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos reiteró que se ha instalado un operativo ordinario a nivel nacional de 2 mil 40 establecimientos que deben ser fiscalizados por incurrir en el delito de condicionamiento de venta.
"Estos obligan a los clientes a comprar un yogur u otro producto para poder adquirir uno de primera necesidad", afirmó el vocero de la Sundde.
Además Contreras informó que la Sundde se encuentra en una fase preparatoria de 935 facilitadores que van a estar desplegados en todos los Infocentros del país.
