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Falta de argumento jurídico contra Rousseff deja en evidencia golpe de Estado
La derecha parlamentaria de Brasil pretende someter a la Presidenta Dilma Rousseff a un juicio político que conlleva a su destitución sin haber una causa real en su contra.
El argumento de los parlamentarios es que Rousseff aprobó unos ajustes fiscales para los cuales emitió seis decretos (95 menos de los 101 aprobados por el expresidente Fernando Enrique Cardoso), en plena concordancia con la legislatura vigente en Brasil.
No existen argumentos jurídicos que sustenten la medida que intenta destituir a la mandataria reelecta con 54 millones de votos y que ha dado continuidad a una política social de equidad y justicia social iniciada por su compañero de lucha, el líder obrero, Luiz Inácio Lula da Silva.
Aun así, el pasado 17 de abril el mundo entero vio cómo la mayoría de la Cámara baja de Diputados del Congreso de Brasil conformada en un 60% por parlamentarios que enfrentan cargos por corrupción, recepción de sobornos, fraude electoral, deforestación ilegal, secuestro y homicidio- aprobaban en vivo y en directo el juicio político contra la Presidenta, en una votación que dio el primer paso a un juicio sobre el que votará este miércoles 11 de mayo el Senado, cuya mayoría está conformada por opositores a Rousseff.
Ese 17 de abril, al momento de emitir sus votos, pocos diputados sacaron a colación las supuestas faltas administrativas por las que se acusa a Rousseff; al contrario, los votos a favor de "Dios", la "familia" y la "patria", fueron los que más repercusión tuvieron.
Un voto en particular, el del diputado opositor Jair Bolsonaro, estuvo lejos de ser un voto racional y al tomar la palabra, dedicó su sí a favor del impeachment (juicio político) a la memoria de Carlos Alberto Brilhante Ustra, quien torturó a Dilma Rousseff cuando era una joven que luchaba contra de las represiones dictatoriales en Brasil.
