Expresidente colombiano enfrenta fuego de acusaciones
A la determinación del fiscal general, Eduardo Montealegre, que causó revuelo en la opinión pública, se suman ahora las imputaciones realizadas por el Tribunal Superior de Medellín, capital antioqueña, considerados los más duros cuestionamientos enfilados hacia Uribe.
A las acusaciones contra el senador colombiano Álvaro Uribe por su presunta responsabilidad en la masacre de El Aro, le siguen hoy denuncias de un tribunal que lo vincula, además, a la sangrienta Operación Orión y al paramilitarismo. En semanas previas la fiscalía solicitó a la Corte Suprema de Justicia encausar al exmandatario, quien fungía como gobernador de Antioquia durante la matanza ocurrida en 1997 un corregimiento de ese departamento, sucesos en los cuales perdieron la vida 17 personas y casi mil fueron obligadas a abandonar sus hogares.
Según versiones durante los episodios de El Aro, ejecutados por paramilitares, un helicóptero de la gobernación sobrevoló la zona y probablemente trasladó a los hombres armados.
A la determinación del fiscal general, Eduardo Montealegre, que causó revuelo en la opinión pública, se suman ahora las imputaciones realizadas por el Tribunal Superior de Medellín, capital antioqueña, considerados los más duros cuestionamientos enfilados hacia Uribe.
La sala de Justicia y Paz de esa ciudad lo acusa de estar detrás de omisiones en la masacre de El Aro, a cuya comunidad no brindó apoyo pese a informes recibidos en la Gobernación a su cargo, subraya la sentencia de esa instancia judicial.
Adicionalmente lo asocia a la Operación Orión y a la toma de la comuna 13 de Medellín, realizada en 2002 en concierto con grupos paramilitares, bajo el argumento de neutralizar a milicias ligadas a movimientos guerrilleros, precisa el fallo de más de 700 páginas.
Según defensores de derechos humanos, ese operativo incluyó crímenes conocidos como falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales de civiles, y desplazamiento forzoso de pobladores.
En La Escombrera, clasificada entre las mayores fosas comunes situadas en predios urbanos, buscan aún los cuerpos de personas desaparecidas a raíz de tales acontecimientos.
La Sala ratificará la orden de expedir copias para investigarlo (a Álvaro Uribe) por promover, auspiciar y apoyar a paramilitares no sólo como Gobernador de Antioquia, sino después y aún como Presidente de la República, así como por respaldar a las cooperativas de seguridad Convivir, consideradas germen de ese flagelo, reseñaron los principales diarios del país.
Tales incriminaciones fueron dirigidas a la Comisión de Acusaciones del congreso, a quien piden igualmente un informe público sobre el avance de las pesquisas contra el ahora parlamentario, como resultado de acusaciones radicadas con anterioridad.
Según los juristas antioqueños al tratarse de hechos que se extienden por un período previo y posterior a su elección como presidente, deben tramitarse a través del parlamento por la vigencia del fuero que regula el juzgamiento de los mandatarios nacionales mediante ese órgano legislativo, en primera instancia.
Voceros del partido Centro Democrático, liderado por Uribe, reaccionaron ante los señalamientos alegando persecución política contra los integrantes de esa fuerza opositora.
