Ecuador ratificó que se mantiene en vigor asilo otorgado a Julian Assange
"Ratificamos que la protección del Estado ecuatoriano seguirá mientras las circunstancias que motivaron la concesión de dicho asilo permanezcan", precisa el texto
"Ratificamos que la protección del Estado ecuatoriano seguirá mientras las circunstancias que motivaron la concesión de dicho asilo permanezcan", precisa el texto.
Varios medios de prensa dieron cuenta de que una entidad estatal, no identificada, cortó el acceso a internet del fundador del sitio web Wikileaks, lo cual fue denunciado por esa organización en su cuenta en la red social Twitter.
Internet es uno de las pocas vías de comunicación que tiene el ciberactivista desde la sede diplomática de Ecuador en el Reino Unido.
Desde el portal web, Assange ha difundido miles de documentos clasificados que involucran a varios gobiernos sobre conspiraciones, corrupción, crímenes y mentiras, en particular al de Estados Unidos.
Assange está sujeto a un proceso legal abierto en Suecia, por presuntos delitos sexuales, los cuales no han sido siquiera formulados.
Recientemente, el acto de declaración del australiano sobre el caso, que estaba previsto para el lunes, quedó postergado para el venidero 14 de noviembre, a solicitud del propio informático.
La embajada ecuatoriana en Londres se mantiene como sede para que ofrezca su versión ante el fiscal ecuatoriano Wilson Toainga, siguiendo una serie de preguntas entregadas por el Ministerio de Justicia sueco.
La declaración será en presencia de Ingrid Isgren, jefa adjunta de la Instrucción Sumarial, de la Fiscalía de Vansteras; y de la investigadora Cecilia Redell, inspectora de la Policía Criminal de la Unidad de Investigaciones de la Región de Estocolmo.
El apoyo de la Fiscalía General de Ecuador responde a un Acuerdo de Intervención Judicial en Materia Penal entre este país sudamericano y Suecia, firmado en diciembre del 2015.
Los abogados de Assange consideran que el proceso en su contra es un mecanismo del país nórdico en complicidad con las autoridades británicas, para extraditarlo a Estados Unidos, donde podrían condenarlo incluso a la pena de muerte por divulgar información clasificada.
