Diputados de Argentina aprueban proyecto para pagar a fondos buitre
El estatuto aprobado por el Congreso implica la derogación de las leyes Cerrojo y Pago Soberano, impulsada por el kircherismo para proteger el patrimonio económico de este país, a través de la normalización de la deuda pública y la recuperación del crédito
La madrugada de este miércoles, 165 diputados del Congreso argentino, con 86 votos en contra, aprobaron el proyecto de ley que permite el pago a los fondos buitres, con lo que el gobierno de Mauricio Macri comenzará a vender bonos para recabar entre 12 y 15 billones de dólares que convertirán al país en el mayor emisor de deuda desde 1996, cuando el Estado mexicano solicitó la cantidad de 16 billones.
El estatuto aprobado por el Congreso implica la derogación de las leyes Cerrojo y Pago Soberano, impulsada por el kircherismo para proteger el patrimonio económico de este país, a través de la normalización de la deuda pública y la recuperación del crédito.
El diputado por el Frente para la Victoria, Axel Kicillof, rechazó la aprobación de la ley y durante su intervención recordó los años difíciles y de recortes económicos que vivió la nación suramericana por las trampas de los buitre, reseña Telesur en su sitio web.
"No lo hagan, pagar así es otra trampa. Después de esto los buitres van a pedir más. ¿Tenemos que ser tan humillados como país? En la historia de nuestro país el endeudamiento externo trajo pobreza y desindustrialización. Aún no sabemos qué consecuencias va a tener este acuerdo. Los buitres ni siquiera se comprometen a no seguir litigando en los tribunales. Es un mal acuerdo, no lo hagamos, ¿por qué tanto apuro?", clamó Kicillof, exministro de Economía durante el gobierno de Cristina Fernández, citó El País.
El proyecto de ley pasará ahora al Senado, conformado por mayoría kirchnerista, que rechaza la normativa por considerarla un irrespeto al pueblo argentino, que terminará pagado el endeudamiento con los recortes sociales y económicos que ello implica.
Los fondos buitres representan un capital que inversionistas destinan a un Estado que se ha declarado en default o cesación de pagos y necesita ayuda económica.
Quienes hacen la inversión, luego exigen un pago único de 100% de la deuda, situación que generalmente deviene en litigios.
Macri había amenazado con aplicar mayores "ajustes" —que se sumarían a los despidos masivos, devaluación de la moneda, aumento de tarifas del servicio público, entre otros—, si los diputados no accedían a aprobar el acuerdo con los buitres, bajo el argumento de que se trata de una forma de escapar del supuesto desajuste que dejó la pasada gestión.
El litigio con los holdouts o buitres tuvo sus inicios en la década de los noventa, cuando el endeudamiento de la nación suramericana creció abruptamente en los Gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001), que desembocó en una de las peores crisis políticas, económicas y sociales de la historia de Argentina, con la declaración del impago de la deuda en diciembre de 2001.
Luego de la toma del poder de Néstor Kirchner en 2003, se iniciaron las negociaciones con estos acreedores extranjeros, a quienes se les ofreció el pago del 75% del capital original de la deuda, pues con esta reestructuración se garantizaba no sólo el reintegro monetario justo sino el resurgimiento de la economía argentina.
Si bien, la mayor parte de estos grupos aceptaron el ajuste, el 7,6% de los bonistas se negaron a la sinceración de los montos y llevaron el caso a juicio en Nueva York, Estados Unidos, donde el juez injerencista, Thomas Griesa, emitió un fallo a favor de los inversionistas y declaró en desacato a la nación argentina, con la intención de obligarla a pagar la deuda.
Argentina nunca se negó a cancelar sus pasivos, sin embargo, apeló la decisión del Tribunal estadounidense, buscando la sinceración de los desembolsos.
Aunque en 2014, bajo el mandato de Cristina Fernández, se logró revertir la decisión de Griesa, congelando el pago de 700 millones de dólares adicionales a la deuda, la disputa con los bonistas se mantuvo abierta hasta que ahora, en la era Macri, se les pagará lo que piden a costa de los intereses del pueblo argentino.
