Dilma acude al senado para defender la democracia y argumentar por la justicia

La cámara alta del parlamento brasileño escuchará hoy los alegatos de la presidenta en la etapa final del proceso de impeachment o de golpe parlamentario que se inició el 2 de diciembre de 2015. Posteriormente, la votación de más de dos tercios de los senadores podría definir la destitución definitiva de Rousseff. 

 

"Fue un error elegir como vicepresidente a alguien que tiene una actitud de conspiración y usurpación", ha sido una de las expresiones que reflejan a la presidenta que hoy enfrenta un día crucial para la democracia brasileña. Luego de un largo proceso de juicio político, el Senado del gigante suramericano, decide si termina de ejecutar el golpe contra el voto de 55 millones de electores y electoras, que escogieron como su Jefa de Estado a Dilma Rousseff.

 

La expresión de la mandataria pudiera sintetizar la emboscada del que está siendo objeto la soberanía popular brasileña. Aquellos que se disfrazaban de aliados, eran el mismo enemigo interno que esperaba el momento preciso para reinstaurar el pasado en Brasil. Con la suspensión de Dilma, comenzó en Brasil, no sólo un nuevo gobierno, sino un nuevo modelo económioco y social.

 

Con Michel Temer se inició un gobierno de puros hombres blanco, sin participación de mujeres, en contraposición a la diversidad social y la inclusión, símbolo de aquella superioridad que sintieron en riesgo. En lo económico llegó el modelo de supresión de todas las políticas sociales que habían desarrollado Lula Da Silva y Dilma Rousseff.

 

Para hoy lunes la presidenta ha dicho "lo único que espero es justicia, no puedo esperar otra cosa, sería una aberración condenar a una persona inocente". En días pasado envió una “Carta a los Brasileños” en la que también manifestó su propuesta de que, en caso de ser absuelta, convocará a un plebiscito para adelantar las elecciones presidenciales en el país. 

 

También indicó: "espero del Senado justicia. En el Senado voy a argumentar, no sólo en favor de la democracia, del respeto al voto directo del pueblo brasileño, si no también a argumentar a favor de la justicia". 

Hoy lunes, la presidenta Dilma presentará sus alegatos de defensa ante el Senado. Luego de ello, se necesitará una mayoría de dos tercios para destituir definitivamente a la mandataria. En este caso los golpistas requieren de 54 votos. Debemos recordar que el informe de acusación fue votado a favor ya por 59 senadores.

 

En el proceso también participarán seis testigos por parte de la defensa y otros tanto por los acusadores. Luego, entre el 30 y el 31 de agosto se efectuará la votación definitiva en el Senado. De lograr la mayoría mencionada, Michel Temer culminará el mandato que constitucionalmente debió corresponder a Rousseff hasta el año 2018.

Podríamos decir que el proceso contra Dilma se inició el pasado 2 de diciembre de 2015, cuando el entonces presidente de la cámara de diputados del Congreso, Eduardo Cunha, recibió la acusación formal contra Rousseff por parte del procurador de justicia jubilado Hélio Bicudo. Pero no, las acciones económicas y políticas del grupo que se ha instaurado en el poder a partir del golpe parlamentario, demuestran que todo comenzó mucho antes.

 

El impeachment demuestra en primer término, el verdadero rostro de aquellos sectores conservadores que circunstancialmente establecieron alianzas con el Partido de los Trabajadores y la izquierda brasileña. Siempre estuvieron allí para garantizar sus privilegios. Su actual política económica lo demuestra, su desfachatez para votar informes sin fundamento y obviar que, 36 de los 38 diputados de la comisión especial de la cámara de diputados que votó a favor de la apertura del juicio político contra Dilma, son procesados por delitos de corrupción. 

 

Es obvio, que el objetivo no es la lucha por la transparecia y la ética política. Está a la vista que la batalla es por reinstaurar el modelo neoliberal en Brasil. 

 

Quizás debemos decir que todo empezó cuándo el obrero metalúrgico Lula Da Silva asumió la presidencia de Brasil el 1 de enero de 2003 y con ello se inició un modelo de inclusión social que permitió reducir en un 89% la pobreza extrema en un plazo de 10 años de mandato del proyecto del Partido de los Trabajadores y sus aliados de izquierda. 30 millones de brasileños salieron de la pobreza con Lula y con Dilma.

 

Pero no sólo eso, con Da Silva, comenzó una ruta política distinta en el mundo. Aquel gigante sudamericano que no era más que otro más de la peonada del imperialismo yanqui en la región, pasó a jugar un rol importante en la geopolítica mundial. Con Lula y Brasil al lado de la Argentina de Kirchner y de la Venezuela de Chávez,  se derrotó al ALCA pomovido por Washington.

 

Era un Brasil que se colocaba al lado de la unidad latinoamericana, de la construcción de la CELAC y de UNASUR y de virarle la cara al Mercosur neoliberal que antes existía. Además, la nación sudamericana se unió a los BRICS, las cinco potencias emergentes del mundo. ¿ A quién molestó todo esto?, sin duda a aquellos que siempre puganron por el neoliberalismo, la sumisión y la entrega a los intereses imperiales.

 

Todo empezó cuando el imperialismo y la burguesía local dieron la orden a sus ejecutores políticos de la derecha brasileña que era el momento para asumir directamente la conducción del gobierno para avanzar en el proyecto de contraofensiva y ruptura de la unidad y la soberanía latinoamericana.

Dilma no es acusada por corrupción. Dentro del proceso del impeachment no hay ninguna acusación acerca de la desviación de fondos públicos para su enrriquecimiento ilícito. Es señalada de maquillar informes financieros para mostrar mayor equilibrio en las cuentas públicas. 

 

José Eduardo Cardozo, abogado de Dilma ha explicado que para abrir un proceso de juicio político la Constitución brasileña indica que debe haber un crimen de responsabilidad del presidente que atente contra la Carta Magna, es decir "Si no lo hay, un hecho de crimen, en el sistema de presidencialismo en un Estado democrático de derecho no se puede hacer un juicio político". 

 

Además puntualizó que “ho puede hacerse un proceso de impeachment que viole la Constitución del Brasil”, como en este caso ha ocurrido. Dilma no robó, no cometió delito dentro de la Constitución ya que no tiene rersponsabilidad directa sobre lo que se le acusa. Podríamos decir, que está sometido a una acusación política. Se le acusa de no rendirse inconicionalmente ante la oligarquía local y transnacional.

Dilma Rousseff nació en Belo Horizonte, el 14 de diciembre de 1947. Desde los 17 años militó en organizaciones de la izquierda brasileña. Combatió a la dictadura, desde la insurgencia revolucionaria. Por ello fue detenida y torturada en 1970, permaneció presa hasta el ’73, luego pasó a formar parte del Partido Democrático Trabalhista hasta el año 1999, cuando decide ingresar al Partido de los Trabajadores.

 

Fue la primera mujer electa como presidenta en Brasil, el 31 de octubre de 2010. Luego en 2014, resultó reelecta con el 51,64 por ciento de los sufragios. 

 

Quizás nunca se esperó Dilma volver a ser víctima de una dictadura. En este caso la que ha suprimido de diversas formas su derecho a la defensa y ha violado la constitución brasileña para promover su destitución en contra de la determinación del voto de la mayoría del pueblo brasileño. 

 

"Nunca recibí ‘sobronos’, no he cometido ningún crimen, no existe Justicia más devastadora que condenar a un inocente", señaló Dilma en mayo cuando el Senado aprobó sus suspensión. También dejó claro: "Fui electa por 54 millones de ciudadanos brasileños, la condición de presidenta electa llegó en un momento decisivo para la democracia brasileña, lo que está en juego en el impeachment es la voluntad soberana del pueblo brasileño". 

Eduardo Cunha: el ex-presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de Brasil, fue el impulsor inicial del denominado impeachment contra Dilma. Ese que comenzó las acusaciones por supuesta corrupción contra la presidente, debió renunciar a su cargo el 7 de junio del presente año, luego que la Corte Suprema indicara que había suficientes indicios para abrirle un proceso judicial por lavado de dinero, evasión de divisas y falsedad documental.

 

El 5 de mayo había sido suspendido de su cargo. Además se encargó de engañar al parlamento señalando que no tenía cuentas en el extranjero, como en efecto se confirmó. El origen de los fondos ubicados en dichas cuentas habría sido a partir de sobornos recibidos por empresas que pugnaban por lo contratos para la construcción de dos buques de perforación de la empresa Petrobras. En diciembre del pasado año, la Ficalía General había confirmado que Cunha poseía cuentas bancarias no declaradas por un monto de 4 millones de dólares. 

 

Hasta para el mismo diario Folha de Sao Paulo, que ha apoyado el golpe, es difícil ocultar las andanzas de el ex-presidente de la Cámara de Diputados, reseñan que en el año 200o, Cunha fue emboscado a tiros en Río de Janeiro, meses después que fue acusado de irregularidades en una entidad pública que dirigía. 

 

Cunha es militante del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aquel que hizo el acto de Judas, luego de haber sostenido alianzas con el Partido de los Trabajadores. 

 

Michel Temer: el vicepresidente de Brasil, actualmente en responsabilidades presidenciales como consecuencia del proceso de golpe parlamentario. Su posición política la alacanzó en la alianza con el PT, sin embargo no dudó un instante para apluadir e impulsar el juicio contra la presidenta. 

 

Disfrazado de luchador contra la corrupción propició la ruptura de su partido, el PMDB con el gobierno de Dilma. Pero su trayectoria política reciente parece más bien prontuario. En el mes de junio, Sergio Machado, ex-presidente de la empresa más grande de transporte de gas y petróleo de Brasil (Transpetro), lo acusó de exigir sobornos por un monto de 700 mil dólares.

 

El expresidente de la compañía brasileña Odebrecht, Marcelo Odebrecht, también acusado por el caso de Petrobras aseguró haberse reunido con el presidente interino de Brasil en 2014 para convenir una “donación” de diez millones de reales (3,1 millones de dólares) a la campaña de Temer. 

 

Desde el inicio de su mandato interino, tres de sus ministros debieron renunciar luego de ser vinculados con diversos hechos de corrupción.