Dictan prohibición de salida del país a Primera dama de Perú
El abogado de la primera dama aseveró que a lo largo de las extensas investigaciones previas no se ha demostrado que los fondos electorales del Partido Nacionalista, de Heredia y Humala, tengan origen ilícito
La primera dama peruana, Nadine Heredia, quedó impedida de salir del país por tiempo indefinido, en tanto es investigada por el supuesto delito de lavado de activos derivado del manejo de fondos electorales previos al actual gobierno.
La decisión fue adoptada por el juez de investigación preparatoria Richard Carhuancho, al cabo de una audiencia de más de 14 horas dedicadas en su mayoría a los alegatos del fiscal Germán Juárez, del abogado de Heredia, Eduardo Roy Gates, y de los demás involucrados.
La orden de arraigo fue dictada para Heredia, su hermano Ilan y su amiga Rocío Calderón, quienes, según el fiscal, integraban con la primera una organización dedicada al lavado de dinero supuestamente ilícito captado para las campañas electorales del hoy presidente Ollanta Humala de 2006 y 2011.
El juez argumentó que no deben salir de Perú porque se necesita su presencia constante para las diligencias judiciales, sin mencionar el motivo usual de los arraigos, que son el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
En su alegato, el fiscal sostuvo que Heredia y el actual mandatario recibieron fondos del exterior para fines electorales y los disfrazaron en numerosos aportes de ciudadanos y de empresas brasileñas a cambio de contratos de obras en Perú.
El abogado de la primera dama aseveró que a lo largo de las extensas investigaciones previas no se ha demostrado que los fondos electorales del Partido Nacionalista, de Heredia y Humala, tengan origen ilícito, elemento indispensable para que exista delito de lavado de activos.
Juárez citó declaraciones del presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, sobre supuesto ingreso de dinero de Venezuela para la campaña de Humala de 2006, por vía diplomática, pero Kuczynski, quien entonces era primer ministro, negó haberlo dicho y señaló que no le consta que ello hubiera ocurrido.
Legisladores nacionalistas cuestionaron la acusación del fiscal y un informe parlamentario igualmente inculpatorio y consideraron que tienen intencionalidad política y hablaron hasta de ensañamiento en contraste con la permisividad a oscuros financiamientos de otros partidos.
