CPI desestima acusación contra Piñera por delitos de lesa humanidad durante estallido social

La Corte Penal Internacional (CPI) desestimó la acusación contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos durante el estallido social que se registró en su país desde el 18 de octubre de 2019.

«La Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional ha notificado al Estado de Chile su decisión de no iniciar un examen preliminar respecto de las alegaciones formuladas sobre los hechos que tuvieron lugar en el marco de las protestas que ocurrieron en Chile en 2019», informó el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno a través de un comunicado.

La Cancillería señala que la CPI concluyó que las situaciones que le han sido comunicadas «carecen del mérito necesario para abrir un examen preliminar de las mismas».

Asimismo, dice que con esta decisión, el organismo «descarta fundadamente que existan antecedentes sobre situaciones que puedan ser consideradas delitos sobre los que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción».

La denuncia

La denuncia contra Piñera ante la CPI fue presentada en abril pasado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), con apoyo de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar).

Estas organizaciones pedían que se investigase, acusase e iniciase un juicio a Piñera y a sus colaboradores por presuntos crímenes de lesa humanidad, por la respuesta que tuvo el Gobierno chileno al estallido social que hubo en su país en octubre de 2019 y que se prolongó durante meses.

«Estimamos que la respuesta violenta del gobierno de Sebastián Piñera a las reivindicaciones sociales reúne todos los requisitos para ser consideradas como crímenes de lesa humanidad», dice el texto que fue enviado a la CPI.

En diciembre de 2019, dos meses después del inicio del estallido social en Chile, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe en el que señalaba que durante las protestas Carabineros y las Fuerzas Armadas incumplieron normas y estándares internacionales en los operativos contra los manifestantes, usando armas letales.

En ese informe, esa oficina de la ONU registró hasta entonces 26 muertos y centenares de heridos en el marco del estallido; así como denuncias de torturas, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias masivas en las protestas.