Corte Suprema brasileña emitió un fallo que podría liberar al ex presidente Lula
Un magistrado de la corte suprema brasileña emitió el miércoles un fallo que podría liberar al expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que purga una pena de 12 años de cárcel por corrupción, en un inesperado golpe de efecto a pocos días de la asunción del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro.
Mello indicó que la medida tiene efecto inmediato, pero debe ser solicitada por los abogados de los detenidos.
La decisión puede ser refrendada o rechazada por el plenario del STF, que volverá a reunirse a principios del año que viene tras el receso navideño, que se inició este miércoles por la tarde.
Existe la posibilidad de la medida sea revocada por el presidente del STF, Antonio Dias Toffoli.
La senadora Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), fundado por el exmandatario de izquierda (2003-2010), informó en Twitter que la petición ya se había hecho y anunció que se aprestaba a viajar a Curitiba.
La decisión se produce en vísperas de la asunción del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, el próximo 1º de enero.
Presos de Lava Jato
El excapitán del Ejército que basó gran parte de su campaña en la denuncia de Lula y del PT, celebra desde la mañana en Brasilia la primera reunión con la totalidad de su gabinete de gobierno.
Hasta media tarde, ni Bolsonaro ni Moro se manifestaron sobre esa decisión del magistrado.
Hasta la invalidación de su candidatura a inicios de septiembre, Lula era el favorito en las encuestas de opinión para ganar las elecciones.
Preso desde el 7 de abril, cumple en la sede de la Policía Federal de Curitiba una condena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de haber recibido un apartamento en el litoral de Sao Paulo a cambio de favorecer a constructoras en contratos con la estatal Petrobras.
Lula, de 73 años, fue condenado en segunda instancia en enero, pero tiene varios recursos pendientes. Enfrenta además varios otros procesos.
El icono de la izquierda latinoamericana se declara inocente en todos y víctima de una persecución política y judicial.
La Fiscal General, Raquel Dodge, afirmó en un comunicado que “el inicio del cumplimiento de la pena tras decisiones de cortes de segunda instancia es compatible” con la Constitución brasileña y contribuye al “fin de la impunidad” y a la “credibilidad de las instituciones”.
