Comité de Víctimas sostuvo encuentro con canciller de Chile
En representación del comité en ese encuentro estuvo presente Yendry Velásquez, viuda del Ramson Bracho, capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, uno de los 43 venezolanos asesinados con la puesta en marcha del referido plan que buscaba derrocar al Presidente Nicolás Maduro, y que dejó también 878 personas lesionadas
El Comité de Víctimas de la Guarimba sostuvo este lunes un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, con quien se discutió el proyecto de ley que promueve la impunidad y que es impulsado por sectores de la derecha venezolana para exculpar a los responsables de los asesinatos registrado en 2014 como parte del plan golpista La Salida.
En representación del comité en ese encuentro estuvo presente Yendry Velásquez, viuda del Ramson Bracho, capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, uno de los 43 venezolanos asesinados con la puesta en marcha del referido plan que buscaba derrocar al Presidente Nicolás Maduro, y que dejó también 878 personas lesionadas.
La vocera de esta organización expresó al Canciller chileno que el proyecto de ley, aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional, impediría jurídicamente que se determine la responsabilidad y sean debidamente sancionadas las personas que generaron las 43 muertes y las lesiones.
Durante el encuentro, Velásquez también recordó que entre los años 1999 y 2016, en Venezuela han ocurrido episodios reiterados de violencia con fines políticos que han dejado como resultado decenas de muertos y cientos de personas lesionadas, refiere una nota de prensa.
En este sentido, indicó que este proyecto de ley busca beneficiar a los responsables de estos graves acontecimientos y otorgar amnistía para más de 50 delitos cometidos desde 1999 hasta la entrada en vigencia de la ley, incluyendo violación a derechos humanos, terrorismo, corrupción, narcotráfico, entre otros.
La vocera del Comité solicitó al Canciller de Chile sumarse a la lucha de las víctimas para evitar que se apruebe una Ley de Amnistía que promueve la impunidad de estas graves violaciones de derechos humanos, lo cual va en contra del ordenamiento jurídico nacional e internacional en esta materia.
“Se trata de un autoperdón que vulnera el derecho a la justicia de las víctimas. Queremos justicia, queremos que los responsables paguen por la muerte de nuestros familiares”, enfatizó Velásquez, al tiempo en recalcó que diversos sectores políticos que hacen vida en el país han asumido el uso recurrente y sistemático de la violencia como mecanismo para dirimir las diferencias que existen dentro de la democracia.
Por ello, reiteró que los derechos a la manifestación pacífica, a la reunión y a la libertad de expresión no pueden convertirse en una excusa para justificar actos que constituyen verdaderos delitos.
