Colombianos rechazan control de hidroeléctrica por firma canadiense
Simultáneamente a las protestas a través de Twitter y otras redes sociales, varios legisladores presentaron una solicitud ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de evitar la materialización de la transacción
Activistas y congresistas colombianos promueven hoy campañas y demandas judiciales para frenar la compra por la firma canadiense Brookfield del 57,6 por ciento de las acciones correspondientes a la hidroeléctrica Isagen, procedimiento iniciado la semana previa.
Simultáneamente a las protestas a través de Twitter y otras redes sociales, varios legisladores presentaron una solicitud ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de evitar la materialización de la transacción.
Todavía no se han pagado las acciones, así que la venta no está perfeccionada y por eso creemos que es oportuno el recurso interpuesto ante la corte, explicó la senadora Viviane Morales, del Partido Liberal.
Los perjuicios para el país son muchísimos, la falta de soberanía es grande, aseguró el parlamentario Antonio Navarro, de la Alianza Verde, criterio con el que coincidieron representantes del Polo Democrático Alternativo (PDA) -convergencia de izquierda- y del Centro Democrático -liderado por el expresidente de derecha Álvaro Uribe-.
Tal petición formulada de conjunto por congresistas de esos cuatro partidos políticos, cuestiona igualmente la legalidad de la subasta a la que concurrió solamente un oferente, además de considerarla un obstáculo para la independencia energética.
Todo se armó para que no hubiera puja, al final Isagen se entregó al capital transnacional por el precio mínimo, insistió Jorge Enrique Robledo, del PDA.
El restante 42,4 por ciento de las acciones está en manos de socios minoritarios, tanto nacionales como foráneos, y de empresas públicas radicadas en Medellín, capital antioqueña.
Miles de obreros y dirigentes sindicales protagonizaron un plantón el pasado miércoles frente a la Bolsa de Valores de Bogotá para rechazar la venta de las acciones del Estado a Brookfield y adelantaron que podrían iniciar otras manifestaciones en el resto del país.
Se trata de una inexplicable obsesión del Gobierno, comentó a la prensa la también senadora Claudia López, tras afirmar que existen otras alternativas para financiar las obras de infraestructura, motivo enunciado por el Ejecutivo antes de iniciar el negocio.
La empresa está compuesta por siete centrales y suma una capacidad instalada total de tres mil 32 megavatios.
En un extraño proceso de subasta el fondo de inversión canadiense Brookfield se quedó con la mayoría accionaria de la tercera generadora del país y el único activo estatal en el sector eléctrico, lamentó el periódico El Espectador.
/N.A
