CIDH exige a Ecuador y Colombia desclasificar información sobre asesinato de periodistas
Guacho era señalado como responsable del secuestro y posterior asesinato de los tres trabajadores del diario El Comercio
El equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a Ecuador y Colombia concretar la desclasificación y entrega de información sobre el secuestro y asesinato, en 2018, de un equipo periodístico del diario El Comercio, de Quito.
"Aún queda pendiente que los Estados cumplan con debida diligencia con una serie de medidas de recopilación de información y desclasificación de documentos de forma sistemática (…) En especial, es indispensable desclasificar la información en poder de las Fuerzas Armadas de ambos países (sobre operativos en la zona durante el secuestro, y labores de inteligencia o de investigación para dar con el paradero de las víctimas secuestradas)", dice el informe.
El informe del ESE fue hecho público este jueves en Washington, tras casi 18 meses de seguimiento del caso.
El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, tres trabajadores del diario El Comercio, fueron secuestrados por el Frente Oliver Sinisterra (disidencia de las FARC) el 26 de marzo de 2018 y su muerte se confirmó el 13 de abril.
El informe anotó que el Estado de Colombia comunicó al ESE que sus Fuerzas Armadas llevaron adelante operaciones militares de búsqueda de información en la zona que operó el Frente Oliver Sinisterra (FOS) mientras las víctimas permanecieron secuestradas.
El informe insistió en que, toda vez que la columna vertebral del FOS parece haber sido desarticulada tras la detención y muerte de sus principales líderes, los Estados de Ecuador y Colombia deberían desclasificar y entregar a las familias la información de los organismos militares de ambos países e instancias de coordinación, sobre las decisiones y acciones realizadas durante la fecha del secuestro y asesinato del equipo periodístico.
El ESE recomendó a Ecuador y Colombia designar una comisión especial, independiente e imparcial, para que garantice a los familiares el acceso a la información en poder de las diferentes agencias respecto a la estrategia para el manejo del secuestro, los responsables de la toma de decisiones, si se autorizó a las Fuerzas Armadas de Colombia para efectuar operativos de búsqueda desde territorio ecuatoriano con el propósito de ubicar a alias Guacho durante el secuestro.
Walter Patricio Arizala, alias Guacho, comandante del Frente Oliver Sinisterra, fue abatido por militares colombianos en medio de una operación en la frontera con Ecuador, en diciembre de 2018.
Guacho era señalado como responsable del secuestro y posterior asesinato de los tres trabajadores del diario El Comercio.
El informe también dijo que debe haber acceso a información sobre si existieron en Colombia alertas tempranas o claridad por parte de los organismos de protección y seguridad respecto a la existencia de grupos disidentes de las FARC que determinaron situaciones de riesgo extraordinario para periodistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos.
El Equipo de Seguimiento señaló que las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano fueron insuficientes para hacer frente a la evidente situación de riesgo extraordinario generado por la presencia de los grupos delincuenciales en la frontera con Colombia, y que hubo aparentes descoordinaciones que llevaron al debilitamiento de la seguridad en la zona.
El ESE estimó que ante la falta de medidas para brindar protección a los integrantes del equipo periodístico de El Comercio, resultaría deseable que el Estado examine el efecto de las descoordinaciones y omisiones identificadas en el informe.
Juan Pablo Albán, integrante del equipo jurídico de los familiares del equipo periodístico, durante la presentación del informe, dijo que éste puede constituir un importante insumo para avanzar hacia el descubrimiento de la verdad histórica de los hechos y la identificación y la sanción de los responsables en todos los niveles, tanto particulares como agentes estatales.
Yadira Aguagallo, familiar de una de las víctimas, mientras tanto, pidió a los Estados de Ecuador y Colombia responsabilidad en la aplicación de recomendaciones del ESE.
