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Chile tendrá nuevo sistema de gratuidad de la educación (+Tuit)

Se trata de una glosa presupuestaria que tiene vigencia por un año. No es una ley permanente que otorgue gratuidad indefinida a la educación superior

El Congreso de Chile aprobó la Ley Corta de Gratuidad en la educación superior, que supone el primer paso en un camino emprendido hasta lograr garantizar educación pública y gratuita a la nación.

Por 92 votos a favor, dos en contra y una abstención, esta tarde la Cámara de Diputados aprobó en tercer trámite legislativo la glosa de gratuidad que había sido impugnada por la oposición en el Tribunal Constitucional, conocida como ‘ley corta’, sólo por 2016, ya que la gratuidad definitiva aún no se discute en el Congreso.

En rigor, sólo se trata de un sistema de financiamiento parcial de la educación superior.

¿Qué establece la Ley Corta de Gratuidad?

1- Modifica la glosa presupuestaria para gratuidad que se incluye en el Presupuesto de la Nación para 2016.

2. Estudiantes favorecidos serán 178 mil (aproximadamente 30 mil menos que con la glosa presupuestaria inicial).

3. Se destinarán 5 mil millones de pesos para fortalecer universidades estatales. 16 de ellas tendrán un programa de fortalecimiento durante 2016.

4. Todas las universidades estatales pueden tener educación gratuita. Universidades privadas deberán tener al menos 4 años de acreditación institucional (parámetro de calidad). Estas últimas tendrán plazo hasta este 27 de diciembre para informar al Ministerio de Educación si accederán a la gratuidad en 2016.

5. Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales quedaron fuera de la gratuidad. Sin embargo, se aumentaron las becas destinadas a los estudiantes que ingresan a estos centros.

6. No se incluyen criterios de democracia universitaria, ni de lucro.

La presidenta Michelle Bachelet ha dicho que la educación gratuita universitaria se implementará de manera gradual desde 2016. Para ello, su gobierno
incluyó en el presupuesto nacional de educación una partida para financiar la gratuidad de 330 mil estudiantes sólo durante 2016.

Asimismo, prometió que durante 2016 enviará un proyecto de ley para la gratuidad de la educación, para que esta sea garantizada legalmente por el Estado y no parte de un presupuesto gubernamental.

El pasado 13 de noviembre, el Congreso aprobó la medida de gratuidad, que implica que durante 2016, esos 330 mil estudiantes accederán a tener educación gratuita, cumpliendo estas condiciones:

– Ser del 50 por ciento de la población más pobre de los estudiantes

– Estudiar en instituciones públicas o privadas que:

a) Tengan estándares mínimos de calidad (medidos según la acreditación del Consejo Nacional de Acreditación).

b) No lucren.

c) Tengan democracia universitaria (participación de estudiantes y trabajadores).

El martes 24 de noviembre, los diputados de oposición acudieron al Tribunal Constitucional para impugnar esa medida alegando que la gratuidad no puede establecerse en una glosa presupuestaria sino por ley y que las condiciones aprobadas por el Congreso para acceder a la gratuidad son discriminatorias.

Una semana después, el 3 de diciembre el Tribunal Constitucional declaró admisible el recurso de la derecha. Aún no se pronuncia sobre el fondo y el 10 de diciembre anunció, a través de un comunicado de prensa, que su fallo acogerá parcialmente los argumentos de los diputados oficialistas.

El lunes pasado, el Tribunal Constitucional publicó el fallo completo con los argumentos de su decisión, el Gobierno envía proyecto de ley corta de gratuidad que modifica glosa presupuestaria de gratuidad con el objeto de establecer los criterios que regirán para la glosa presupuestaria de educación gratuita en 2016.

Los estudiantes se movilizaron el martes para criticar tanto al Gobierno como a los diputados de derecha porque quieren gratuidad universal establecida en una ley (no en un presupuesto), quieren fin al lucro, y que el Estado se ocupe en ofrecer educación pública.

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