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Bolivia: Crean comisión de la verdad que investigará crímenes en dictaduras

Durante un acto en el Palacio de Gobierno, el mandatario boliviano, Evo Morales, juramentó a los integrantes de esta comisión, quienes investigarán las violaciones a los derechos humanos ocurridas en las dictaduras de 1964 y 1982

El presidente de Bolivia Evo Morales Ayma juramentó el lunes a los cinco miembros de la denominada Comisión de la Verdad, cuya misión será investigar la violación de los derechos humanos en las dictaduras que ocurrieron en el país entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982.

"Hermanas y hermanos en este día tan negro para la historia (de Bolivia) desde aquellos tiempos, pero ahora este día debe ser de fortaleza y esperanza y sobre todo para una profunda reflexión de las futuras reflexiones", afirmó Morales en un acto que se realizó en el Palacio de Gobierno.

La Comisión está conformada por la exministra de Salud, Nila Heredia; el exdirigente sindical, Édgar Ramírez; el abogado Eusebio Gironda; la activista de Derechos Humanos, Isabel Viscarra, y el exdirigente campesino Teodoro Barrientos.

En este sentido, Morales sostuvo que, entre las responsabilidades más importantes de esa comisión, está encontrar el cuerpo del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, además de revelar cuánto dinero perdió Bolivia con el régimen dictatorial y socializar las causas que generaron la aplicación de ese cruel período a las nuevas generaciones.

El Primer Mandatario pidió a las Fuerzas Armadas cooperar en la investigación de la Comisión de la Verdad.

Asimismo, el mandatario boliviano acusó a Estados Unidos de organizar y gestar golpes de Estado en la región con el denominado "Plan Cóndor", para "saquear los recursos naturales de los diferentes países de Latinoamérica".

Según el Gobierno, en un lapso de dos años, la Comisión de la Verdad deberá presentar un informe final sobre los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y dar con los responsables, entre ellos, el expresidente de facto Luis García Meza y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez, que cumplen condenas de 30 años de cárcel sin derecho a indulto por delitos de lesa humanidad en Bolivia.

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