Argentinos marchan por 41 aniversario del último golpe de Estado

Detrás de la bandera de los desaparecidos en manos de integrantes de organismos de derechos humanos, avanzará hoy por avenida de Mayo, en primera línea, el Comité por la Libertad de Milagro Sala. Esa será una de las consigna centrales de la marcha de este 41 aniversario del último golpe de Estado.

Lo seguirán las columnas sindicales, el movimiento obrero con protagonismo de las juventudes de la CGT, que también tuvo un lugar central el año pasado, tras las primeras olas de despidos del gobierno de Mauricio Macri. “El mismo plan económico, la misma lucha. Paremos la miseria planificada”, es la consigna principal de las Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio).

Se trata de un reclamo contra la reimplantación de un modelo de exclusión que perciben como continuador del impuesto por José Alfredo Martínez de Hoz y, a la vez, un homenaje al escritor y periodista Rodolfo Walsh, de cuyo secuestro se cumplen mañana 40 años. Otro de los mensajes importantes de la jornada es la reivindicación de los 30 mil desaparecidos y la reafirmación de que aquí se cometió un genocidio. Es la respuesta a la avanzada que quiere destruir los consensos sociales acerca de lo que significó el terrorismo de Estado, en un contexto de retiro del Estado del proceso de Memoria, Verdad y Justicia y cuando el país vuelve a ser convocado por los organismos internacionales defensores de los derechos humanos no ya como modelo, sino para rendir cuentas de detenidos políticos y de la criminalización de líderes sociales y gremiales. 

A un año y tres meses del gobierno de Cambiemos, las convocatorias de este 24 de marzo (Madres, Abuelas, Familiares e HIJOS convocan a las 14 a  Plaza de Mayo y organizaciones de izquierda y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia a las 15 a Congreso) aparecen como respuesta a las políticas públicas del gobierno en el amplio campo de vulneración de derechos. También como un escenario que se afilia a las enormes movilizaciones de los últimos meses, pero que muestra una dinámica propia del movimiento de derechos humanos.

Para algunos, hay un proceso que está instalado en la sociedad, que tiene muchos años, está consolidado y por eso no tiene marcha atrás. Pero también hay un movimiento que sale a la calle para sostener lo que hasta ahora parecía etapa superada pero ahora peligra: la institucionalización del proceso de justicia y las políticas públicas del Estado en ese área.  

“Hay una sensación de vuelta a los primeros tiempos”, dice Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. “Cuando los organismos de derechos humanos vuelven a necesitar la calle para instalar un reclamo que parecía cerrado aparece una bisagra que habla de que cómo esto salió de la agenda del gobierno”. 

Ese diálogo entre el retraimiento del Estado y la calle, también en el campo de los derechos humanos, es una marca del presente. Pablo Llonto, del colectivo de abogados de lesa humanidad Mario Bosch, explica que allí hay un punto esperanzador. “Quieren joder, pero no pueden. Los juicios siguen. Las investigaciones siguen, hay más genocidas denunciandos, pistas para buscar desaparecidos y nietos. Es cierto que a todo esto quieren ponerle un pie encima, pero los intentos de quienes prueban distintas herramientas para frenar a los juicios, fracasan. Ya sea que se llame resistencia o por el mantenimiento firme de las familias, de los querellantes, de los periodistas, como aquella reacción de los trabajadores del diario La Nación cuando repudiaron el editorial que exigía el fin de los juicios. Las plazas, las marchas, las baldosas y las marcas que siguen haciéndose. Eso lo van a querer frenar, pero evidentemente no han podido”.

Episodios como la marcha atrás del Gobierno con el DNU que trasformaba el 24 de marzo en un feriado turístico parecen mostrar que hay ciertos grandes pisos de consensos que son aún más grandes de lo que se perciben. En eso piensa Gastón Chillier, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuando menciona la rebelión de intendentes, gobernadores y hasta de voces dentro de la propia alianza de gobierno.