Ecuador condena fallo del Ciadi a favor de petrolera OXY
El procurador general de la República Ecuador, Diego García, condenó el fallo a favor de la petrolera estadounidense a la Occidental Exploration Company (OXY), dictada por el Comité de Anulación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que pertenece al Banco Mundial.
De acuerdo al fallo, Ecuador tendrá que pagar 1.061 millones de dólares a la OXY, cuyo contrato para la exploración y explotación caducó, de acuerdo a un decreto emitido en 2006, al hallarse violación de la ley y del contrato, lo que, posteriormente, generó el reclamo de OXY en un tribunal arbitral del Ciadi.
"Lo primero que hay tener claro es que Ecuador no se equivocó. Tomó la decisión que estaba prevista en la ley y en el contrato", aseveró García en conferencia de prensa en la sede de la Procuraduría General de la República, en Quito, capital ecuatoriana.
"La única norma que correspondía, tanto el contrato como la ley, preveían que en caso de una cesión de derechos no autorizada, lo que procedía era la caducidad", apuntó García, por lo que reiteró que la decisión del tribunal es insatisfactoria y que se buscará una solución amistosa, refiere una nota de prensa de la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Sudamérica (Andes).
El martes, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, expresó en su cuenta en Twitter @MashiRafael, que este fallo es un atentado contra la soberanía de su país.
"Llegó laudo OXY. Logramos nulidad de 40% de laudo original, es decir, 700 millones menos, pero nos ordenan pagar cerca de mil. Tratan la caducidad por incumplimientos legales, como confiscación. ¡Otro atentado a nuestra soberanía! Ya hemos presentado una propuesta a OXY y con el laudo definitivo continuaremos negociando. ¡Otra obra más de los tratados firmados en la larga y triste noche neoliberal!", señaló el Mandatario de Ecuador.
Dicho tribunal había decidido compensar el 100% de la demanda de OXY, pero el 40% no pertenecía a una empresa protegida por el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI), suscrito entre el Estado ecuatoriano y Estados Unidos, ni era parte del contrato con este país.
Al respecto, el procurador de Ecuador consideró importante la excepcionalidad –sin precedentes- en la disminución del monto a pagar por Ecuador en este caso, en comparación con la demanda original de OXY en 2006 (3.370 millones de dólares), con respecto al laudo arbitral en 2012 (1.769 millones de dólares) y con lo alcanzado en la decisión de la anulación en 2015 (1.061 millones), agrega la nota de Andes.
