Expresidente de Guatemala apeló orden de prisión preventiva: “El encarcelamiento no es necesario”
El expresidente guatemalteco Otto Pérez apeló este jueves la orden de prisión preventiva dictada por un juez al abrir un proceso penal en su contra por un fraude millonario en las aduanas que lo llevó a renunciar el pasado 2 de septiembre.
César Calderón, abogado de Pérez, dijo a periodistas que se “vulneraron los derechos” de su cliente al recluirlo en una prisión civil habilitada en el cuartel militar Matamoros, en el centro de Ciudad de Guatemala.
El jurista añadió que el encarcelamiento no es necesario debido a que Pérez, tras renunciar a la presidencia, se presentó voluntariamente ante el juez, lo que a su juicio confirma que no existe peligro de fuga.
A cambio de la cárcel, Calderón solicitó que se le otorgue a Pérez una medida sustitutiva, como libertad condicional.
El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del proceso, envió aprisión preventiva al expresidente para que sea procesado por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo, al encontrar indicios de su participación en el caso de corrupción.
Pérez, un general retirado de 64 años, es señalado como uno de los cabecillas de una red denominada “La Línea”, que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos, descubierta en abril pasado por la Fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad en Guatemala.
Los fiscales disponen de tres meses para investigar y fundamentar la acusación y llevar al expresidente a un juicio oral y público. Para ello, el juez Gálvez programó una audiencia el 21 de diciembre próximo.
Como parte de esas indagaciones, otro juez autorizó el miércoles congelar varias cuentas bancarias de Pérez que ascienden a unos 640.000 dólares.
La exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció en mayo por el caso, también guarda prisión preventiva bajo cargos de dirigir la red criminal junto a Pérez.
El escándalo provocó una ola de protestas masivas que pedían la renuncia de Pérez y Baldetti y, tras sus dimisiones, exigen que sean juzgados y castigados.
