Supremo Tribunal de Brasil ordena bloqueo de cuentas de Starlink en territorio carioca
X anunció el cierre de sus operaciones en Brasil, argumentando que la decisión se tomó para “proteger la seguridad” de su personal
El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) ha ordenado el bloqueo de todos los valores financieros de la empresa Starlink en el país, debido a la falta de un representante legal de la red social X en Brasil. Esta medida, dictada por el ministro Alexandre de Moraes, busca asegurar el pago de las multas impuestas a la red social, según informan medios locales.
Starlink y X, ambas pertenecientes al conglomerado liderado por Elon Musk, han sido objeto de esta decisión judicial que fue emitida el pasado 18 de agosto y notificada a todos los directores de Starlink en Brasil. La medida se conoce públicamente ahora, pero ya estaba en vigor desde hace varios días.
El 17 de agosto, un día antes de la orden de bloqueo, X anunció el cierre de sus operaciones en Brasil, argumentando que la decisión se tomó para “proteger la seguridad” de su personal. La plataforma acusó al ministro De Moraes de amenazar con arrestar a su representante legal en Brasil si no cumplían con sus “órdenes de censura”. Estas órdenes incluían la entrega de datos de acceso a ciertos perfiles, la eliminación de publicaciones y la suspensión de cuentas de ‘influencers’ bolsonaristas, a lo que X no accedió.
El miércoles, el STF emitió un ultimátum a Elon Musk, ordenándole designar un representante legal de X en Brasil en un plazo de 24 horas para evitar la “suspensión inmediata” de las actividades de la plataforma en el país. En respuesta, Musk publicó un mensaje directo a De Moraes en su red social, amenazando con que “un día, Alexandre, esta foto tuya en prisión será real. Recuerda mis palabras”, acompañado de una imagen creada por inteligencia artificial de un juez en una celda.
Esta situación refleja la creciente tensión entre las autoridades brasileñas y las empresas tecnológicas de Musk, en un contexto de estrictas regulaciones, medidas judiciales, en medio de las regulaciones en redes sociales que distintos países quieren implementar