CIDH emite demoledor informe sobre represión a protestas en Perú
Afirman que en Ayacucho hubo "ejecuciones extrajudiciales"
Un nuevo contratiempo para la presidenta interina de Perú, Dina Boluarte: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que la violenta represión a las protestas contra su gobierno, que dejó decenas de muertos y centenas de heridos, incurrió en graves violaciones de los derechos humanos.
El órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó este miércoles sus conclusiones, entre las que señala que las muertes en Ayacucho pueden encuadrarse en «ejecuciones extrajudiciales» y que en Juliaca hubo «uso excesivo e indiscriminado» de la fuerza por parte de agentes del Estado.
Ambas ciudades fueron importantes focos de la represión, con un elevado número de víctimas.
Igualmente, la CIDH, que no señala a ningún funcionario en concreto ni del gobierno ni del Estado peruano, considera que los hechos deben ser investigados por fiscalías especializadas y juzgados por tribunales independientes.
CIDH: «Podrían calificarse como una masacre»
«En el caso de Ayacucho se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales», señala el informe, cuyas conclusiones fueron presentadas por la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay.
«Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre», agrega.
Las protestas ocurrieron entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023 para pedir la excarcelación del expresidente Pedro Castillo, quien fue detenido y destituido después de que emitiera un decreto que disolvía el Congreso y establecía un estado de excepción. Además, las movilizaciones pedían la renuncia de Boluarte –la sucesora interina– y la convocatoria de elecciones.
Las múltiples protestas se saldaron con casi 70 muertes, de las cuales 49 fueron de civiles que chocaron con fuerzas de seguridad pública.
Víctimas ajenas a las protestas
Para la CIDH, el uso «desproporcionado, indiscriminado y letal» quedó confirmado por el alto número de muertos y heridos con lesiones «en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones».
También por el hallazgo «de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad».
La Comisión formuló varias recomendaciones al Estado peruano, entre ellas, adoptar medidas de reparación integral a las víctimas, que deberían incluir «acciones de compensación», «rehabilitación médica y psicológica» y «garantías de no repetición», entre otras.
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