Organizaciones sociales colombianas exigen este jueves que se investigue el caso de falsos positivos en la masacre del Puerto Leguízamo (Putumayo) donde hubo 11 víctimas.
En este sentido, varias estructuras campesinas, indígenas, afrodescendientes y gremiales han denunciado los sucesos ocurridos este lunes, donde el Ejército Nacional de Colombia asesinó a 11 habitantes de la comunidad de Puerto Leguízamo, bajo el supuesto de que eran disidentes de las Farc.
La Red de Derechos Humanos de Putumayo detalló la identidad de algunas de las víctimas y asegura que eran “habitantes de la Comunidad, reconocidos y reclamados hoy”. De igual forma, reportan desaparecidos y desplazados de los habitantes de la vereda.
Entre las personas asesinadas se encuentra: el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Remanso, Didier Hernández Rojas, el cual fue “elegido en el nuevo proceso de nuevos dignatarios comunales”.
De igual forma, figuran: la esposa del presidente de la junta, Ana María Sarria Barrera; un menor de 16 años, Brayan Santiago Pama; el gobernador del Cabildo Kichwa, Pablo Panduro Coquinche y Oscar Olivo Yela.
El resto no ha podido ser precisado entre otras cuestiones, por los obstáculos que el Ejército colombiano impone a las investigaciones y al temor de los habitantes. No obstante, es ardua la labor que las organizaciones llevan a cabo para conocer la veracidad de los acontecimientos.
A partir de ello, la Red de DD.HH. de Putumayo exige que se lleve a cabo un proceso de “investigación y misión de verificación en campo acudiendo al derecho que tiene la comunidad de ser atendida”.
