Las vacaciones que se tomaron el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y 20 de sus 23 ministros a un mes del final de su mandato han despertado una fuerte polémica en el país, donde se los crítica por un supuesto «abandono de deberes». La controversia está estimulada por la cercanía del inicio del proceso de traspaso de poderes al Ejecutivo del izquierdista Gabriel Boric, que empezará el próximo 21 de febrero y culminará el 11 de marzo con la toma de posesión. Además
Chile se ve sacudido por un corte de rutas de camioneros independientes en el norte y sur del país en rechazo al asesinato de uno de sus conductores, pese a que el gobierno decretó el estado de excepción en cuatro provincias por la crisis migratoria en el norte del país y otras medidas de seguridad que exigían los gremios.
La justificación del gobierno chileno
El propio Piñera inició su descanso el pasado primero de febrero por un período de dos semanas y media, aunque ha participado en algunas actividades durante sus días libres. Según confirmaron fuentes de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), solo tres ministros no se han tomado vacaciones: el de Agricultura, el de Salud y el de Defensa.
El ministro sustituto de la Segpres, Máximo Pávez, justificó que se está trabajando en la ceremonia de traspaso, la dimensión administrativa de la cesión de la información y las reuniones políticas, que tendrán lugar a finales de febrero. Y denunció que «curiosamente, se critica que los ministros en ejercicio que están terminando el gobierno estén de vacaciones y los ministros del gobierno entrante están también de vacaciones».
Por su parte el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, subrayó que «Chile se ha caracterizado por hacer el cambio de mando de manera que haya una continuidad en las funciones del Estado». Piñera cederá el poder el próximo 11 de marzo a Boric, un diputado y exlíder estudiantil que tendrá el primer gabinete de América con más mujeres que hombres y el más izquierdista desde el del derrocado Salvador Allende (1970-1973).
Cancillería e Interior, los más criticados
El primero de los ministros en ser criticado fue el canciller Andrés Allamand, que se encontraba fuera de su cargo, de vacaciones en España, durante una fuerte crisis migratoria en el norte del país con marchas xenófobas, cortes de ruta y el ingreso masivo de migrantes irregulares. Allamand renunció a su cargo el pasado dos de febrero tras varios días de cuestionamientos por abandono de deberes y dos días después asumió la Secretaría General Iberoamericana (Segib).
También desató críticas la ausencia del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en momentos de tensión en la zona sur del país, donde existe desde hace décadas un enconado conflicto territorial entre empresas forestales e indígenas mapuche que ha experimentado recientemente una escalada de violencia. «A mí me correspondió ser ministro y nunca se me ocurrió tomar vacaciones en febrero si estaría libre en marzo. Siempre sentí que lo responsable era servir hasta el ultimo día», declaró en ese sentido Sergio Bitar, ministro durante los mandatos de Michelle Bachelet, de Ricardo Lagos y Salvador Allende.
Camioneros mantienen los bloqueos
Camioneros independientes continuaban este domingo por tercer día consecutivo los bloqueos en rutas al norte y sur de Chile en protesta por la muerte de un compañero el jueves, pese a un acuerdo alcanzado con el gobierno de Piñera que implica militarizar las zonas fronterizas. Además la aerolínea Latam, la principal compañía aérea nacional, anunció que mantiene la suspensión de varios vuelos a raíz de los cortes en accesos a los aeropuertos del norte chileno.
«El bloqueo no se acaba. Hasta que los dirigentes no nos digan se mantiene», decían conductores sobre sus camiones que bloqueaban la ruta principal en Iquique, en escenas que se repiten en varios tramos hasta cerca de Santiago y al sur del país.
El gobierno alcanzó el sábado un acuerdo con 17 gremios de camioneros para garantizar mayor seguridad en la ruta, sobre todo en el norte, donde denuncian que han aumentado los robos y ataques en medio de una situación migratoria compleja. El acuerdo implica un «estado de excepción» a partir de este lunes para desplegar militares y ayuda en equipos en zonas fronterizas de cuatro provincias de las regiones de Antofagasta y Arica.
T/ Página12/ LRDS
