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Conozca las cuatro crisis que colocan en un callejón sin salida a Iván Duque

A la luz de esta estrategia, comienza a sentirse en Colombia una nueva arremetida paramilitar que ya ha asesinado sólo en 2018 más de 150 líderes y lideresas sociales en todo el país, configurando un nuevo genocidio

Se cumplieron los primeros 30 días de gobierno de Iván Duque en Colombia. Los medios de comunicación colombianos abundan en evaluaciones sobre su desempeño en el primer mes y los problemas que ya afronta.

El nuevo gabinete ministerial como estrategia de márketing de un gobierno que procura lucir tecnocrático, progresista y despolitizado, recibe muchas críticas por nombramientos vinculados a Uribe, la corrupción y la parapolítica, como la nueva ministra del interior Nancy Gutiérrez, a quien en 2008 se le abriera una investigación por vínculos con el paramilitarismo, y la ministra del trabajo Alicia Arango, quien fuera secretaria privada de Uribe Vélez.

También son cuestionados los nombramientos de Alejandro Ordoñez como embajador en la OEA, y el nuevo embajador en Estados Unidos. Duque pugna, además, por la construcción de la hegemonía en el Congreso que mayoritariamente se debate entre la derecha no uribista y la uribista, que obviamente cuenta con el respaldo de la ultraderecha.

La izquierda y el centro quedaron como de costumbre, dando batallas titánicas para que se les escuche. El anuncio de su propuesta de extender el IVA a todos los productos de la canasta familiar fue el paso final para que, antes de cumplir su primer mes, ya algunas encuestadoras señalaran que su popularidad había caído en un 12%. Aún así, las mencionadas son las más pequeñas crisis que afronta en su primer mes el nuevo presidente uribista, las más grandes crisis son otras.

La crisis del narcotráfico y las presiones estadounidenses

Ser presidente de la Colombia actual implica lidiar con los poderes fácticos que dominan el país. El gobierno estadounidense venía presionando al gobierno de Santos por el aumento en la producción de coca y cocaína, y continúa haciéndolo con el gobierno entrante. Duque nombra al ex vicepresidente Francisco Santos como nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos, y lo primero que le encomienda es mejorar las relaciones que se han visto afectadas por la expansión de cultivos ilícitos.

De inmediato, el nuevo embajador defendió públicamente el uso del glifosato y se refirió a la erradicación manual de cultivos ilícitos -que fue parte fundamental de los acuerdos firmados en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC- como "un cuento".

El impacto positivo de esta técnica de fumigación no se ha comprobado más que en el aumento del precio de la materia prima, lo que sí se ha comprobado es que la fumigación con glifosato afecta a los seres humanos, otros cultivos lícitos y al ecosistema en general.

Por otro lado, responde tomando resoluciones de tipo policial para decomisar la dosis mínima de consumo y enfrentar el "jibareo" en los parques públicos, definiciones que de nuevo voltean al minorista y al consumidor el lado más duro de la represión que no enfrentan los grandes capos de la droga. El verdadero dilema de Duque es: ¿cómo satisfacer a los sectores gubernamentales de los Estados Unidos poniendo freno al negocio que oxigena y sostiene la economía colombiana, la parapolítica y el negocio de la guerra, que a su vez se mezcla con los intereses de otros sectores del mismo Estado norteamericano?

Según algunos analistas, son los dineros del narcotráfico los que contienen la economía colombiana y la salvan de crisis como las que actualmente enfrentan los otros gobiernos de derecha en la región. Tal vez por ello las medidas anunciadas sólo golpean los eslabones más débiles de la cadena de producción y consumo de drogas, a pesar de las presiones de la Casa Blanca.

La crisis del proceso de paz

La paz no parece de ningún modo ser parte de la estrategia del Estado que entró a conducir el bisoño de Uribe. La verdadera estrategia parece ser la "pacificación". Este proceso es visto como un triunfo militar que se sustenta en la rendición forzada de las organizaciones guerrilleras y el asesinato y judicialización de la oposición legal.

A la luz de esta estrategia, comienza a sentirse en Colombia una nueva arremetida paramilitar que ya ha asesinado sólo en 2018 más de 150 líderes y lideresas sociales en todo el país, configurando un nuevo genocidio.

Esta semana por presión de la oposición en el Congreso, se convocó a diversas autoridades del Estado para debatir este tema, mientras una multitud se congregó en la plaza de Bolívar para acompañar el debate. Por otro lado, continúa desmoronándose el acuerdo con las FARC debido a los múltiples incumplimientos del Estado y varios de los líderes de ese partido decidieron volver a la clandestinidad. Entre quienes persisten en lo acordado ha comenzado a denunciarse la poca voluntad del nuevo gobierno para el cumplimiento de dichos acuerdos.

Por último, la mesa de diálogo con el ELN -que ahora es la organización guerrillera más grande de Colombia- está en un silencio incómodo. Mientras la Delegación de Paz se mantiene en La Habana esperando a la delegación del gobierno, Duque anuncia estar listo para dialogar si, en pocas palabras, el ELN se rinde.

En una entrevista que nos concediera recientemente en La Habana el jefe de la Delegación de Paz, dijo que esa organización no repetirá los errores que se cometieron en los acuerdos con las FARC, ni de ningún modo contempla una rendición. Duque exige liberaciones, el ELN anuncia que hará unas liberaciones en los próximos días, pero aún hay una expectativa general sobre si continuarán o no estos diálogos, que son la única esperanza inmediata de conseguir una salida política al conflicto social y armado que vive Colombia.

La crisis que esta situación le genera al gobierno colombiano también tiene que ver con la imagen de posconflicto -o posacuerdo- que ha instalado en su retórica, y por la que ya ha comenzado a recibir múltiples financiamientos internacionales, pero también porque el orden interno le es imprescindible para asumir el nuevo papel que le ha asignado la OTAN como fuerza armada multimisión, interagenciada y demás eufemismos que se traducen en que será la principal fuerza militar al servicio de los Estados Unidos, dada la amplia experiencia en guerra irregular que hace de las FFMM colombianas y los grupos paramilitares el principal abastecimiento de las contratistas civiles que operan hoy día en Medio Oriente.

La crisis del combustible por las medidas venezolanas

Duque hereda de Santos la pesada tarea de ser la vanguardia en la agresión contra Venezuela. Diplomática y mediáticamente ha sabido cumplir la tarea. Se retira de UNASUR y mantiene su discurso beligerante hablando en voz alta sobre los asuntos internos de Venezuela.

Continúa configurando el discurso de la crisis de refugiados, obteniendo más recursos económicos para ello, involucrándose en ejercicios militares y designando a uno de los cuadros más impopulares del uribismo en la OEA, donde se prevé que atacar a Venezuela será su principal tarea. Pero lo cierto es que las respuestas que el gobierno venezolano ha dado a estas agresiones, han venido perjudicando a las mafias que se nutren del contrabando de extracción, del Bolívar Cúcuta y toda la economía -incluso la legalizada- que parasita de la economía venezolana.

Estas medidas no solamente están generando consecuencias inmediatas en esos sectores económicos, sino que amenazan con generar una verdadera crisis social particularmente en el Norte de Santander, donde el abandono estatal comienza a evidenciarse tan pronto la economía venezolana deja de nutrirlo. Con el 77%, el Norte de Santander fue el departamento que votó en mayor proporción por Iván Duque en las pasadas elecciones.

Las consecuencias de las medidas tomadas por Venezuela en torno al subsidio de la gasolina y al control cambiario darían al traste con el negocio redondo del contrabando de combustible que lamentablemente también involucra a familias humildes que encuentran en este negocio, legalizado por Uribe Vélez, el único modo de sobrevivir al abandono del Estado colombiano.

Tratando de calmar las aguas, Duque hace malabarismos y entrega, por ejemplo, la presidencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos al ex gobernador de ese departamento, Luis Morelli.

Aún así, Duque parece negarse a intervenir militarmente en Venezuela -tal vez porque internamente no hay consenso en la oligarquía colombiana al respecto-, y públicamente desestima una acción unilateral. Su mentor político decide entonces hablar por él y esta semana en el Congreso llamó a una intervención militar contra Venezuela, eso sí, "legal", lo cual puede referirse a cualquier aval írrito otorgado por la OEA.

La crisis política interna

Pero la más grande crisis interna que enfrenta Iván Duque en este momento es una crisis de identidad. Nadie duda que el uribismo gobierna Colombia actualmente, pero la duda sobre si es Álvaro Uribe Vélez o Iván Duque quien dirige el gobierno nacional, crece.

Como un eco de esta crisis, esta semana durante un evento internacional, la nueva ministra de justicia de Colombia se confundió de apellido al referirse al presidente de Colombia, llamando "presidente Uribe" a Duque, lo que obviamente fue ampliamente difundido por las redes sociales, convirtiendo a la duda en una burla.

Cada vez es más evidente que a esa doctrina política de la ultraderecha colombiana que surgió a principios del siglo XXI llamada "uribismo" empieza a estorbarle a su mentor principal. Si el ego de Uribe Vélez no le permite apartarse como parecía haberlo entendido el día de las elecciones presidenciales, se arriesga a correr el destino de otros aliados que los Estados Unidos ha desechado como Manuel Noriega y Saddam Hussein.

Lo concluyente es que, mientras la campaña mediática internacional se centra en decir que Venezuela se ha convertido en un "Estado fallido", en Colombia hay un gobierno atrapado entre las presiones de los Estados Unidos, los intereses de los poderes fácticos, los conflictos políticos y sociales internos y, en medio de todas esas crisis, la identidad del presidente colombiano está en duda. A la luz de los hechos, es claro que es Colombia la que se ha convertido en un "Estado fallido" que procura transnacionalizarse.

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