Argentina tuvo en junio el peor retroceso económico de la era Macri
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La economía argentina cayó 6.7 por ciento en junio, la caída interanual más brusca de los últimos nueve años, en el segundo mes de retroceso consecutivo, luego del -5.2 por ciento en mayo. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la economía está por debajo del nivel de 2015, una situación en la que influyen tanto la sequía como la contracción en la industria y el comercio.
La caída de junio es la mayor desde 2009 (en el contexto de la crisis internacional detonada en Estados Unidos) y desde que Macri llegó al poder en diciembre de 2015. “Las cifras oficiales comienzan a reflejar así las consecuencias del desmanejo financiero y cambiario sobre la economía real”, publicó el diario Página 12.
Según el periódico, como sucedió en mayo, el impacto de la sequía explica una parte del resultado recesivo, “pero en junio se sumaron con fuerza el derrape de las actividades industriales y comerciales. El pobre desempeño de esos sectores está asociado a la depresión del mercado interno y la caída en la inversión privada que se profundizará en el marco del ajuste fiscal comprometido con el FMI”.
“El diagnóstico oficial ignora el rol que tiene en el actual escenario el incremento de la vulnerabilidad externa por medidas concretas de este Gobierno, como la desregulación financiera y cambiaria y la apertura comercial desde diciembre de 2015. Esas medidas implicaron un giro de 180 grados respecto de las políticas del gobierno anterior que buscaban preservar la economía local de shocks externos”.
Al ganar el gobernante frente Cambiemos las elecciones legislativas de 2017, Mauricio Macri declaró que “confirmamos nuestro compromiso serio y profundo con el cambio”, y que “aspiramos a más, a vivir mejor, a tener proyectos y sueños y llevarlos a cabo”.
Página 12 apunta que el resultado del cambio “no provocó una lluvia de inversiones, como se había previsto, sino una recesión persistente con un leve rebote en 2017. Además, el entramado fabril sufre el desplazamiento de producción interna por importaciones y una dura caída del empleo, que ya contabiliza la pérdida de 83 mil puestos de trabajo directos desde diciembre de 2015”.
Los datos registrados de enero a junio muestran una tendencia contractiva en la economía argentina. Desde la cartera de Hacienda han reconocido que el comportamiento de la actividad económica se acercaría a cero este año, aunque el FMI anticipó una caída del PIB de hasta 1.4 por ciento y una recesión extensa.
“El gobierno de Macri no solo no consiguió domar la inflación y reducir la pobreza sino que además alcanzó niveles de actividad inferiores a los heredados en diciembre de 2015”, señaló Página 12.
Más dinero del FMI y menos gasto público
En ese escenario, el Ministerio de Hacienda comunicó a la misión del Fondo Monetario Internacional que hará efectivo el segundo tramo del crédito con el organismo, por una cifra pautada en 2 916 millones de dólares, que ingresarán al país en septiembre.
Se trata del segundo desembolso previsto en el acuerdo stand by, y el pedido fue confirmado a Página 12 desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas.
“A pesar de la aceleración de la inflación y las renovadas tensiones cambiarias, el sobrecumplimiento de la meta fiscal comprometida facilita el visto bueno del Directorio del FMI. Cuando se concrete la transacción habrán ingresado 17 916 millones de dólares del Fondo. Esos recursos representan el 35.8 por ciento del préstamo condicionado por hasta 50 mil millones de dólares, aprobado hace apenas dos meses”.
Misiones del FMI supervisan trimestralmente el cumplimiento de las metas aceptadas por Argentina en el acuerdo con el organismo.
“Tenemos que seguir bajando el nivel de gasto pero el compromiso con las metas es irrenunciable. No hay chance que no se cumplan”, dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a principios de agosto, reafirmando el alineamiento con el programa de austeridad comprometido con el FMI.
Los números oficiales muestran que durante el primer semestre de 2018 el recorte en el gasto público estuvo liderado por el financiamiento de inversión pública en transporte, vivienda, agua y alcantarillado.
Además de recortar el gasto en obra pública, para acceder al programa de financiamiento con el FMI las autoridades argentinas se comprometieron a reducir las transferencias a las provincias, profundizar la quita de subsidios, achicar las erogaciones salariales estatales y ajustar el sistema de la seguridad social.