Elecciones en Brasil sin Lula da Silva será una farsa
Para mí queda claro que el pueblo está prohibido de escoger a su representante, como en la vieja República, sostuvo el experto en entrevista concedida al programa Directo de la Redacción, de la revista semanal Carta Capital.
Las valoraciones de Suoza fueron amplificadas este domingo por el portal Brasil 247, que publicó además declaraciones de los abogados de la defensa del ex presidente Lula, Cristiano Zanin Martins y Waleska Teixeira Martins, respecto al reclamo del Comité de Derechos de la ONU al Estado brasileño.
El órgano de las Naciones Unidas demandó el viernes último que Lula tenga asegurado el ‘acceso apropiado a la prensa y a miembros de su partido político’ y la posibilidad de concurrir como candidato presidencial ‘hasta que todos los recursos pendientes de revisión contra su condena sean completados en un procedimiento justo’.
La decisión es de obligatorio cumplimiento y vincula a todos, por lo que el ministro del Tribunal Superior Electoral (TSE) Luis Roberto Barroso, quien debe decidir sobre el registro de la candidatura de Lula, está impedido de tomar cualquier determinación contraria, manifestó Valeska.
De acuerdo con la publicación, Barroso viene siendo presionado por grupos de comunicación nacionales, principalmente la cadena Globo, para proponer la impugnación de la candidatura de Lula, con base en la Ley da Ficha Limpia, por estar condenado en segunda instancia.
Una eventual impugnación de Lula -agregó- atendería a intereses económicos de las petroleras internacionales, que hoy se benefician con la entrega del pré-sal (donde se localizan las mayores reservas de Brasil) y a intereses políticos de los partidos de centro-derecha, incapaces de vencer una elección con la participación de Lula.
Además, obedecería a intereses geopolíticos de grandes potencias, interesadas en convertir a Brasil em una nación de segunda clase, remarcó.
Según la vice-presidenta del Comité de Derechos Humanos de la ONU, Sarah Cleveland, el Estado brasileño está obligado a acatar la determinación de ese órgano y asegurar el ejercicio de sus derechos políticos al candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva.
En caso de no cumplir con el requerimiento el Estado brasileño estaría violando sus obligaciones legales inherentes al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, cuya implementación es monitoreada por el Comité, insistió.
