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Canciller de Ecuador María Fernanda Espinosa enfrenta juicio político

Con 59 firmas la solicitud llegó al Consejo de Administración Legislativo, con el argumento de incumplimiento de funciones por parte de la titular

La canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, enfrenta hoy dos situaciones extremas, un posible juicio político y su campaña por alcanzar la presidencia de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.
 
La jefa de la diplomacia, quien se encuentra de licencia temporal para divulgar el plan de Quito con vistas a alcanzar el cargo, uno de los principales dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuenta con notable apoyo internacional, pero algunos detractores en su propio estado.

Así, en momentos en que la unidad nacional debía respaldar los esfuerzos por llevar a Ecuador a la dirigencia del ente multilateral, representantes de partidos de oposición presentaron una petición de enjuiciamiento político contra Espinosa ante la Asamblea Nacional.

Con 59 firmas la solicitud llegó al Consejo de Administración Legislativo, con el argumento de incumplimiento de funciones por parte de la titular.

El tratamiento del escenario en la frontera con Colombia, donde se registraron desde enero último más de una decena de actos violentos, que derivaron en la muerte de cuatro militares ecuatorianos y varias explosiones con daños a infraestructura, además de generar inseguridad, también es motivo del pedido.

A eso se le suma los secuestros de tres trabajadores del diario local El Comercio, posteriormente asesinados, así como el de una pareja, cuyo destino se desconoce, también en la provincia limítrofe de Esmeraldas.

En opinión de los proponentes del juicio, no hubo buen manejo de la crisis, ni se aplicaron las acciones adecuadas para lograr la liberación de los secuestrados y la captura de los responsables, pertenecientes al Frente Oliver Sinisterra, que opera desde el territorio vecino.

La situación de migrantes ecuatorianos, principalmente en Venezuela y la ciudadanía otorgada a Julian Assange -australiano fundador de WikiLeaks asilado en la embajada de Quito en Londres por más de cinco años y cuyo caso está pendiente de solución, pese a todos los intentos- también forman parte de las críticas en su contra.

Completa la lista las circunstancias de la candidatura de Ecuador a la presidencia de la Asamblea General de la ONU, a la cual también aspira Honduras, país que ha expresado malestar por el presunto incumplimiento de esta nación, de un acuerdo para apoyar la postulación del estado centroamericano al puesto.

Tegucigalpa sostiene que aceptó respaldar a Quito para ocupar un asiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cambio de recibir espaldarazo en la presidencia de la Asamblea General.

De su lado, la canciller Espinosa asegura que nunca se llegó a oficializar el pacto, aunque reconoció que Honduras acompañó la nominación de Patricio Pazmiño Freire como juez de la Corte, donde se mantiene desde junio de 2015, cuando resultó electo.

El proceso para el juicio político fue impulsado por legisladores del partido de oposición Creando Oportunidades y está secundado por miembros de otras tiendas políticas y organizaciones sociales.

A partir de ahora, el Consejo de Administración Legislativo deberá evaluar el pedido y definir si procede.

De ser así, corresponderá a la Comisión de Fiscalización tratar la solicitud, para luego convocar a la canciller a comparecer ante el pleno y ofrecer su defensa.

Se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional para su destitución del cargo.

Mientras casa adentro se tramita ponerle fin a sus funciones, Espinosa se enfoca en mostrar en diversos escenarios mundiales, por qué sería favorable para la ONU que Ecuador dirija la Asamblea General.

No obstante, previo a su recorrido de campaña internacional, la titular señaló ante medios de comunicación que es blanco de una persecución, con la clara meta de boicotear la candidatura de este territorio andino al alto cargo.

Espinosa lamentó que pese al apoyo de numerosos gobiernos, sea dentro de su propio país donde pretenden afectarla.

Asimismo, aceptó que quienes la juzgan, están en su derecho legal y constitucional de hacerlo, pero deben cumplir con el debido proceso, los tiempos establecidos y tener una argumentación sustentada y sólida para hacerlo.

Los resultados de la votación por el alto puesto en la ONU se darán a conocer el venidero 5 de junio.

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