Gobierno de Honduras suspendió garantías constitucionales por protestas postelectorales
Entre las medidas aprobadas por el Gobierno se encuentra la imposición de un toque de queda entre las 18.00 de la tarde y las 6.00
El secretario ejecutivo del Consejo de Ministros de Honduras, Ebal Díaz, informó este viernes que el Gobierno ha suspendido las garantías constitucionales de cara a los próximos diez días en el marco de las protestas postelectorales.
Díaz, que ha señalado que la medida entrará en vigor a partir de las 11.00 de la noche (hora local) del viernes, ha explicado que la medida busca impedir una escalada de violencia, según ha recogido el diario local ‘La Prensa’.
Entre las medidas aprobadas por el Gobierno se encuentra la imposición de un toque de queda entre las 18.00 de la tarde y las 6.00 horas del días siguiente durante los próximos diez días.
Las medidas exceptúan «a todo el personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los representantes de los partidos políticos, los observadores nacionales e internacionales, los comunicadores sociales acreditados por el TSE, el transporte de carga, los entes de socorro y emergencia y los miembros del cuerpo de seguridad», según señala el decreto.
El documento señala que los «miembros del Cuerpo Diplomático consular, los organismos y misiones internacionales acreditados y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos», no se verán afectados por estas medidas.
Asimismo, el Gobierno ha mantenido que «las Fuerzas Armadas apoyarán de forma conjunta o separada y cuando la situación lo requiera a la Policía Nacional poniendo en ejecución los planes necesarios para mantener el orden y la seguridad del país y garantizar el ejercicio de los derechos democráticos».
En el marco del toque de queda, los efectivos podrán detener a todos aquellos que no se encuentren en su domicilio fuera del horario de circulación establecido. Los sospechosos de causar daños a terceros o bienes también serán arrestados.
«Toda persona detenida deberá permanecer recluida», incluye el documento, que recoge que «se procederá al desalojo de toda instalación pública, carreteras, puentes y otras que hayan sido tomadas por manifestantes».
