Operaciones de avance de efectivo son delitos socioeconómicos
Esta acción ha permitido contribuir con los propósitos del Ejecutivo para garantizar el correcto uso de los puntos de venta en el país, y la circulación del efectivo correspondiente al Cono Monetario
Desde el pasado 11 de septiembre del año en curso el Gobierno Nacional, se activó en todo el país el Plan Estratégico en Defensa de la Circulación del Cono Monetario, mediante el cual se han fiscalizado un total de dos mil 166 inspecciones en diez estados priorizados; de esta cifra han sido sancionados 743 establecimientos comerciales en la primera fase de abordaje por incurrir en delitos como el Boicot, Usura, Acaparamiento y Desestabilización económica.
William Contreras, Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos indica que el despliegue se realiza a diario donde participan 740 funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), representantes de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), Banco Central de Venezuela (BCV), Ministerio Público, Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), además del acompañamiento de las fuerzas vivas del estado.
Esta acción ha permitido contribuir con los propósitos del Ejecutivo para garantizar el correcto uso de los puntos de venta en el país, y la circulación del efectivo correspondiente al Cono Monetario.
“Nos hemos desplegados además del Distrito Capital, en los estados Carabobo, Táchira, Falcón, Aragua, Miranda, Bolívar, Vargas y Mérida, donde además de las sanciones impuestas previstas en la Ley Orgánica de Precios Justos, se ha solicitado al Ministerio Público la aprehensión de 38 ciudadanos por incurrir en delitos socioeconómicos y ordenado el inmediato depósito de 386 mil 343 millones de bolívares, tal como lo ha señalado el Ministro del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, M/G Néstor Reverol”, comentó.
Boicot a la moneda nacional ha sido propiciado desde el año pasado
Contreras, indicó que en los operativos se verifica que las operaciones comerciales registradas en los establecimientos, tanto en los puntos de venta como el efectivo hallado dentro de los mismos, corresponda al arqueo de caja realizado por los funcionarios y no presente distorsiones. “Si hay empresa no se justifique la existencia del efectivo, se ordena el comiso del mismo como evidencia y se solicita al Ministerio Público la aplicación de la ley”, enfatizó.
La autoridad señaló, que las acciones derivan de la orden emitida por el Presidente de la República Nicolás Maduro al momento de la presentación de las leyes para impulsar la economía ante la Asamblea Nacional Constituyente, y de esta manera lograr la paz económica nacional.
“No hay dudas que hay un Boicot a la moneda nacional, que inició desde el pasado año con acciones como la extracción al papel moneda, aunadas a las recientes acusaciones de voceros de la oposición que señalan que no existen billetes en el país, cuando es precisamente a una de sus representantes, Lilian Tintori, a quien se le incautó una fuerte cantidad de dinero en efectivo, además de la posición que tuvo el Banco de dónde provenía este dinero con respecto a este caso”, puntualizó.
Operaciones de "Avance de efectivo" son delitos socioeconómicos
En relación a los resultados obtenidos explicó, que se ha estado realizando un seguimiento al caso donde se había detectado que algunos comercios subarrendaban sus puntos de ventas para cobrar una comisión por el uso del mismo y realizar además el avance en efectivo, distorsionando su verdadero uso, lo cual está prohibido por la normativa de la Sudeban y constituye la comisión del delito de Usura en operaciones de financiamiento delito socioeconómico sancionado con prisión de hasta ocho años según lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Precios Justos.
“El segundo ilícito que ha sido detectado por los funcionarios, es la desviación del funcionamiento de los medios de pago y la revisión si hay Boicot y Desestabilización económica, si estas prácticas fueran comprobadas se aplica todo el peso de la Ley. En el caso de la desestabilización económica aplica, ya que estamos en un estado de emergencia decretado por el Presidente Nicolás Maduro, y por ello que cuando las personas no justifican el origen del efectivo se ve afectado el correcto funcionamiento del Cono Monetario”, detalló.
La autoridad señaló, que los operativos continuarán ejecutándose hasta el final de año en todo el país, donde además se continuarán fiscalizando a los comercios de manera integral para evitar la comisión de delitos como el Acaparamiento, la Especulación, Sobreprecio, Remarcaje entre otros tipificados en la Ley Orgánica de Precios Justos.
