«Plan 700» continúa garantizando el acceso al pan nuestro de cada día

En una entrevista para el canal del estado Venezolana de Televisión (VTV), el Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos William Contreras, afirmó una vez más que los venezolanos han sido beneficiados de manera considerable por la implementación del “Plan 700”, creado por la Revolución Bolivariana y del Presidente Nicolás Maduro.

La incorporación de las diferentes organizaciones e instituciones que apoyan  el plan, han sido categóricamente positivas para todos los venezolanos, con el cual hemos logrado contrarrestar  la guerra psicológica y social que se le ha implementado al pueblo a raíz de la distribución desigual en la mayoría de las panaderías ubicadas en la Gran Caracas.

Contreras comentó que es necesario extender el abordaje a las panaderías,  contando con el apoyo de  los Comité Locales de Abastecimientos y Producción (CLAP), Milicia Bolivariana, y demás dependencias que conforman el plan, y que además han sido de gran apoyo para seguir haciendo patria, cumpliendo con el Gobierno Bolivariano, respetando la Constitución de La República Bolivariana de Venezuela, y la Ley Orgánica de Precios Justos.

La autoridad explicó que las acreditaciones para el “Plan 700”, fueron entregadas bajo la explicación de estrategias, formación e inducción para de esta manera dar a conocer a cada panadero, encargado o dueño de estos locales, el protocolo que deben poner en práctica  para corregir los errores y así garantizar el debido proceso, para determinar la responsabilidad que tiene cada trabajador con los usuarios, brindando una mejor atención y seguridad a la hora de comprar el pan sin  menoscabar los Derechos Individuales de los venezolanos.

La Sundde está en la obligación de realizar su función, obtener evidencias, y levantar procedimientos de carácter administrativo o  penal  en los establecimientos que no cumplan con los requisitos acordados, previendo que sean tomados como una expropiación al local comercial ya que eso solo le compete al Gobierno, a través de las instancias que prevé la Constitución en este caso.

El Superintendente, recalcó durante la entrevista, que la Sundde tiene las facultades de recabar las pruebas donde se presuma que se esté incurriendo en ilícitos, entre ellos la Violación de los Derechos Individuales, Colectivos o Difusos y aplicar lo que la ley denomina, “Medidas Preventivas”, evitando que se continúe quebrantando las normas reguladas por el artículo 70 de Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de Precios Justos.

"Anterior a todo el procedimiento que se realiza para tomar las medidas preventivas, se les hace un llamado a cada panadería para que se ajusten a las normas y así evitar en lo posible una Ocupaciones Temporales. Hasta ahora solo se han hecho de manera efectiva, dos Ocupaciones Temporales".

Recordó que durante el primer abordaje realizado el pasado 14 de marzo, a las panaderías se verificó que la producción del pan canilla alcazó solo 180 mil 791 canillas, esto con la implementación del “Plan 700”, la cifra aumentó considerablemente la producción de este rubro a un estimado de más de 492 mil unidades.

Acotó, que al momento de hacer una revisión del comportamiento durante la semana del 03 al 17 de marzo del 2017, en un universo de 698 panaderías se encontró: que el 76 por ciento, de esos establecimientos habían recibido al menos el 37 por ciento, de la materia prima distribuida entre la fecha antes mencionada.

Este contraste trajo como consecuencia que el 24 por ciento de las panaderías, sólo 169 del universo de 698 panaderías, recibieron el 63 por ciento de la materia prima, demostrando así la desigualdad en la distribución por parte de las empresas distribuidoras de harina de trigo panadero.

Investigación a empresa Cargill, Hermanos Camacho y Romher

Otro de los puntos tratados durante la entrevista, es la investigación que se viene realizando a la empresa Cargill, la cual utiliza como intermediarios las compañías Hermanos Camacho y Romher, quienes durante el mes de noviembre del 2015, cambiaron arbitrariamente su modelo de negocio de distribución directa.

Contreras declaró que sólo en Caracas se realizaba el despacho a 403 panaderías a través del molino ubicado en Gramoven en la parroquia Sucre de Catía. Estas 403 panaderías según el mecanismo de acopio y logística propia que tenían los panaderos, contaban con un cupo para retirar su materia prima, lo que traía como consecuencia que se duplicara el costo del saco de 45kg de trigo panadero,  de un valor de dos mil 800 bs. a cuatro mil 500 bs. Luego este se duplicó teniendo como pretexto el costo del flete, pagando doble precio denominado por ellos “Una doble caleta”.

Aseguró que para finales del año 2016 y principios de 2017, estas dos distribuidoras tienen una nueva cartera de clientes de alrededor 97 compradores, estableciendo un desorden en la distribución de la harina de trigo panadero, lo cual genera un efecto negativo y  arrebata la posibilidad de distribución a otras 136 panaderías.

Advertidos desde el año 2015 y a través de una investigación completa, tomando medidas a raíz del “Plan 700”. El Presidente de la República Nicolás Maduro y el Vicepresidente Tarek El Assami, ordenaron a la Fuerza Armada Nacional a través de la REDI Capital comandada por el G/D Ornelia Ferreira, a la SUNDDE y Sunagro que la distribución sea equitativa a todas las panaderías, que se eliminaran los intermediarios y se fijara el precio del saco de harina de trigo panadero que en su momento costaba 15 mil 200 bolívares y este fuera regulado a un precio justo de 12 mil 500 bolívares, de manera temporal hasta que los ocho molinos que se encuentran en Venezuela hagan entrega de su Estructura de Costo.

En la primera jornada del “Plan 700”, se despachó la materia prima a 115 panaderías, donde se determinó que no tenían el rubro  y se atendieron con carácter de urgencia bajo los lineamientos del plan. Ya para la semana siguiente se empezó a regularizar la distribución a todas las panaderías de Caracas de manera proporcional con la materia prima disponible, corrigiendo la desigualdad.

Creación y a  apoyo de espacios comunales en pro del “Plan 700”

El Superintendente resaltó la creación de 100 nuevas panaderías comunales, que con ayuda de la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital, están en proceso de verificación de los espacios y adecuación de los mismos, el entrenamiento de las personas y la incorporación de otros tipos de pan, llevando así a todos los venezolanos lo novedoso que podrán encontrar en estos  espacios.

Se contó con el apoyo de estas panaderías que manifestaron su voluntad de sumarse al plan para regularizar el funcionamiento de estas, realizando un censo a cada una con el fin de ser inspeccionadas para validar que efectivamente su capacidad es acorde con lo que ellos declararon y así garantizar el suministro de la materia prima, bajo nuevas reglas donde el proceso de distribución alterno no será solo al público en general sino también a la misma comunidad organizada bajo supervisión de las instituciones públicas.

 En la escasez de harina de trigo panadero abunda el “Bachaqueo”

Durante el despliegue se han podido detectar algunas fallas en la que destacan la Especulación (artículo 49) y la Reventa (artículo 55) de la Ley Orgánica de Precios Justos; se evidenció que estas personas cobraban entre 15 y 20 mil bolívares, por la venta del saco de harina de trigo bachaqueada, que tenía un costo legalmente de 15 mil 600 bolívares y en el mercado del bachaquero, el saco lo vendían a precios exorbitante a 120 mil bolívares.

Estas personas eran las encargadas de retrasar la atención, creando alteraciones psicológicas contra el pueblo, efecto dañino para la implementación del “Plan 700”, en el punto de vista mediático, aunado al Condicionamiento para a tener acceso al  producto estipulado en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Precios Justos, siendo un acto de agresión, denigrante.

Contreras reiteró, que es una, “Violación de derechos humanos, porque ese comercio es un servicio público de distribución por que las leyes de la República le permitieron libremente ejercer esa actividad económica, tiene una responsabilidad con los usuarios de esos establecimientos y tiene que garantizar la producción de acuerdo lo que dice la Ley Orgánica de Precios Justos”.