Política

¡Alerta! En evidencia nuevo plan de Mendoza para acaparar harina

El pelucón Lorenzo Mendoza se unió -hace raaato- al clan de esa asquerosa especie criolla que chilla cuando le tiran de la oreja, por incurrir en prácticas mafiosas.

Este zar de Empresas Polar moqueó hace días cuando vio al Sebin cerca de su casa. Tal actitud, hizo recordar a los cobardes que -cual ratas- huyeron de Miraflores el 12 de abril de 2002 cuando el pueblo rodeó el Palacio en abierta demostración de rechazo a los golpistas y respaldo al Comandante Hugo Chávez.

Con aires de sifrina indignación, protestó que los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia efectuaran patrullaje en las cercanías de su residencia, alegando razones fatuas y ridículamente inconsistentes.

Pues, resulta ahora que este angelito infernal tiene un plan que este martes fue puesto al descubierto por el vicepresidente Aristóbulo Istúriz. Este acaparador y hambreador pretende monopolizar más aún la harina de maíz blanco. O sea: ¡La arepa de todos los venezolanos y las venezolanas!

Este pillo de cuello blanco, adiestrado en la Cuarta República para obtener pingües ganancias invirtiendo poco o ningún capital, está inflando los precios que pagaría a los productores. Allí está la trampa.

“Ellos ponen un precio por encima del precio que pone el Estado. Bueno, todo el mundo le va a comprar al que paga más, para ellos monopolizar la materia prima”,refirió Istúriz para precisar después que “los únicos que van a tener maíz blanco son ellos porque los están pagando a un precio superior, están imponiendo precios que no le corresponden”, subrayó en el programa Dando y Dando, transmitido por Radio Nacional de Venezuela (RNV).

El incansable luchador fue directo al grano y señaló que el caco de la harina persigue “monopolizar el producto” a través de la imposición de los precios.

El bandido que admite “estar en guerra mi pana”, aspira llevar el kilo de harina precocida a Bs 770, es decir, 580 bolívares más en comparación con el precio actual de 190 establecido por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).

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