Venezuela señala que los delitos contra el patrimonio público son imprescriptibles
“Los activos productos del delito de corrupción recuperados por la República serán destinados a los planes, programas y proyectos en materia de prevención de este flagelo; esto es lo que en Venezuela se denomina el Retorno Social de los Activos Recuperados”, sostuvo Jesse Chacón.
En el marco del Décimo Periodo de Sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos de la Convención de la Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC), celebrado en la ciudad de Viena, Austria, los días 25 y 26 de agosto de 2016, la República Bolivariana de Venezuela, a través de una delegación especial encabezada por el embajador plenipotenciario de Venezuela en Austria, Jesse Chacón Escamillo, y una representación de alto nivel de la Contraloría General de la República, expresó el agradecimiento por la oportunidad de poder mostrar ante ese foro los aspectos técnicos, dificultades y buenas prácticas que posee el país respecto a la aplicación de los mandatos de la CNUCC en materia de recuperación de activos productos del delito de corrupción.
El embajador Chacón Escamillo explicó que la República cuenta con una legislación robusta tutelada por la Constitución Bolivariana, la cual establece medidas cautelares de manera preventiva, sobre los bienes y activos que se consideren producto del delito de corrupción, en todas sus formas. Entre otros aspectos, la Carta Magna venezolana establece que no prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar las agresiones contra el patrimonio público, por ser considerados delitos de Lesa Patria y atentar contra los Derechos Humanos. En este sentido, las acciones judiciales emprendidas por el Estado venezolano las ejercerá el Ministerio Público, acciones que pueden ser de carácter penal o civil, a los fines de la reparación e indemnización del daño al patrimonio público y a las víctimas.
Por otra parte la Dra. Yarubith Escobar Bastidas, jefa de la representación de la Contraloría General de la República, explicó durante su intervención que el Estado cuenta dentro de su ordenamiento jurídico la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales. Adicionalmente, Venezuela cuenta con la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, adscrita a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, a través de la cual se tiene conocimiento razonable acerca de los clientes, de la actividad económica que ejercen, la naturaleza de sus negocios y su comportamiento transnacional, lo que permite un monitoreo e identificación de activos y el posterior reporte de actividades sospechosas, permitiendo de manera potencial la identificación de presuntos corruptos y consecuentemente de sus víctimas.
Asimismo, destacó que los órganos y entes de la Administración Pública venezolana, en sus tres niveles de gobierno, poseen dentro de su estructura las Oficinas de Atención al Ciudadano, dependencias en las cuales se atienden denuncias relacionadas con hechos irregulares; igualmente, la existencia de las Unidades de atención a la víctima, Unidades de depuración inmediata de casos, Fiscalías municipales, Atención en línea 0800-FISCA-00, Dirección de Gestión Social, Coordinación Nacional de Protección de Víctimas, Coordinaciones de juicio y Megafiscalías contra la corrupción, todas estas pertenecientes al Ministerio Público venezolano.
Vale destacar que durante el año 2015 y lo que va del 2016, el Ministerio Público ha tramitado 108 solicitudes de acciones civiles ante los tribunales de la República, las cuales buscan reparar el daño causado a las víctimas de la corrupción.
En conclusión, los Estados Partes de la CNUCC estimaron la importancia de ese foro para expresar el reconocimiento a aquellos países que han brindado su cooperación y disponibilidad de trabajar para la recuperación de los activos robados y repatriarlos. De igual manera, expresaron la pertinencia y oportunidad de poder evaluar el trabajo de cada Estado miembro y compartir e intercambiar experiencias, esperando así que los resultados abran caminos para una mejor respuesta a nivel mundial y una acción concertada para hacer frente a los retos en los años venideros.
Para finalizar, Venezuela ratificó su compromiso de garantizar la aplicación de esta Convención y aseguró prestar la más amplia cooperación internacional con todos aquellos Estados que así lo requieran, solicitando reciprocidad para lograr la efectiva y eficiente recuperación de activos. “Recordemos que cuando nos encontramos en presencia de procedimientos de esta índole, el sentido de la respuesta oportuna tiene que privar, ya que una demora en la misma puede significar la pérdida definitiva del activo” manifestó Yarubith Escobar al cierre de su exposición.
