Economía
Funcionarios que no declaren serán multados con 50 a 500 UT
Del 1 al 31 de julio funcionarios públicos podrán realizar declaración jurada de patrimonio a través de www.cgr.gob.ve
El Contralor General de la República, Manuel Galindo Ballesteros, informó que este 1 de julio inicia el proceso de la Declaración Jurada de Patrimonio para aquellos funcionarios que desempeñan altos cargos en los diferentes entes de la administración pública.
“Al iniciar el segundo semestre del año, semestre de esperanza y cooperación, damos inicio al proceso de Declaración Jurada de Patrimonio que se extenderá hasta el 31 de julio”, detalló Galindo.
El Contralor precisó que tomando en cuenta los antecedentes de años anteriores, no se dará ninguna prórroga para la declaración.
En el mismo orden de ideas, acotó que se ha activado una campaña informativa nacional e internacionalmente a través de los medios de comunicación públicos y privados. La declaración se puede realizar desde cualquier parte del mundo solo se necesita el acceso a internet desde una computadora para ingresar al sistema de la página web de la Contraloría General de la República (www.cgr.gob.ve).
Aquellos funcionarios que no realicen el debido procedimiento serán sancionados con 50 a 500 Unidades Tributarias, de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Reforma de Ley Contra la Corrupción.
Están obligados a declarar los funcionarios que ocupen cargos de gobernador, secretarios de gobierno y directores del tren ejecutivo; legisladores del Consejo Legislativo, procurador del estado y directores generales; juez rector, presidente del circuito judicial penal de cada estado, junta directiva del Consejo Nacional Electoral, defensor del Pueblo y director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo.
También deben cumplir con este requisito los alcaldes, concejales, el contralor del estado, los contralores municipales y directores generales, así como funcionarios con altos cargos, entre ellos los síndicos procuradores municipales, los rectores, vicerrectores y secretarios de universidades públicas, los registradores y notarios, la junta directiva de institutos autónomos, las corporaciones y fundaciones del Estado.
