Fundalatin advierte que “Ley de Amnistía” daría luz verde a la impunidad
“De aprobarse esta ley, el derecho a la justicia será vulnerado y la paz en Venezuela resultará seriamente amenazada”
La Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin) tomó la palabra en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para denunciar los peligros de la denominada “Ley de Amnistía”, impulsada por la oposición venezolana.
La vocería de la ONG estuvo a cargo de Julio Avella, miembro de la organización suiza Aipazcomún, dentro del marco el Debate General de ese Consejo, en su 31° Sesión.
“Soy en este Consejo la voz de las 43 personas que perdieron la vida y de las 878 personas que fueron lesionadas en los hechos de violencia política ocurridos en Venezuela el año 2014, como resultado del llamado realizado por Leopoldo López y otros dirigentes políticos venezolanos”, dijo Avella en su discurso.
“Represento a hombres como Luis Durán, cuyo hijo fue degollado cuando grupos violentos colocaron un alambre galvanizado en la vía pública que buscaba aniquilar a las personas que transitaban en motocicleta”, agregó.
También señaló el caso del venezolano Oscar Carrero, quien perdió su mano derecha producto de un artefacto explosivo lanzado por grupos violentos, cuando intentaban quemar un camión cargado de medicamentos.
“Todos ellos hombres, mujeres y niños que se encontraban ajenos a las acciones violentas incitadas incluso por los actuales diputados del Parlamento venezolano”, precisó Avella.
Fundalatin advirtió a los procedimientos especiales y mecanismos de la ONU que actualmente los grupos políticos que promovieron esta violencia en Venezuela son mayoría en la Asamblea Nacional y ahora pretenden aprobar una Ley de Amnistía para perdonar todos los hechos que ellos mismos desarrollaron.
“Se trata de una autoamnistía que vulnera los derechos de las víctimas y contraría los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En este proyecto de ley se incluye amnistía para más de 50 delitos cometidos desde 1999 hasta la entrada en vigencia de la ley, incluyendo violación a derechos humanos, terrorismo, corrupción y narcotráfico”, ilustró Avella.
“De aprobarse esta ley, el derecho a la justicia será vulnerado y la paz en Venezuela resultará seriamente amenazada”, manifestó.
