Vicepresidenta Rodríguez: medidas coercitivas son un chantaje político
La alta funcionaria ejecutiva alzó su voz en nombre de las naciones afectadas
La vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, alzó su voz en representación de las 31 naciones víctimas de las sanciones. Afirmó que estos países no reconocen ni aceptan las medidas coercitivas unilaterales, argumentando que hacerlo implicaría legitimar la aplicación de jurisdicciones extraterritoriales.
Rodríguez aseveró que las agresiones y las sanciones constituyen un chantaje político dirigido específicamente a aquellas naciones que rehúsan alinearse con los mandatos hegemónicos internacionales.
Durante el acto conmemorativo del Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales, realizado en la Casa Amarilla (sede de la cancillería venezolana), la vicepresidenta destacó que se trata de medidas que «no reconoce el Consejo de Seguridad de la ONU» y que buscan interferir directamente en los asuntos internos de otros países, según la Vicepresidencia Ejecutiva.
Representantes de las naciones que integran el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, junto con miembros del cuerpo diplomático acreditados en Venezuela, asistieron a la ceremonia. En el evento, la alta funcionaria ratificó, a nombre de las naciones agredidas, el repudio categórico a este mecanismo ilegal.
Advertencia del Canciller Yván Gil
Por su parte, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, advirtió que estas medidas son ilegales y las calificó como «una agresión tan dañina como la guerra convencional». Señaló que estas acciones convierten a los pueblos de las naciones del Sur Global en objetivos directos de la guerra económica.
El alto diplomático venezolano señaló que el incumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas pone en riesgo la paz de los países. Seguidamente, citó el genocidio contra el pueblo palestino, el bloqueo contra Cuba y la amenaza militar de EE. UU. en el Caribe como claros ejemplos de violación de derechos, equiparable a la imposición de las medidas coercitivas unilaterales.
Gil denunció además que el uso de este «despreciable mecanismo de coacción» vulnera el derecho al desarrollo y la prosperidad económica de las naciones, buscando imponer cambios de régimen y someter a las instituciones soberanas.
El canciller Yván Gil reafirmó el consenso general de las naciones afectadas con un clamor enérgico: “¡Basta de Medidas Coercitivas Unilaterales!”, declaración que fue recibida con ovación por los asistentes.
